La Fiscalía General del Estado considera necesaria una reforma legislativa relativa a los denunciantes de delitos de corrupción o ‘whistleblowers’ (alertadores de irregularidades) para que éstos obtengan mayor protección ante posibles represalias por su colaboración con la justicia.
Esta es una de las propuestas que recoge memoria anual del Ministerio Público respectiva al año 2017, que fue presentada ayer con motivo de la apertura del año judicial.
Pide modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, como han recomendado Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Transparencia Internacional.
Recuerda, por ejemplo, que la Comisión Europea, ya en febrero de 2014, dijo que «España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes» y que «las reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección eficaces».
«No podemos estar más de acuerdo a la vista de la muy insuficiente» normativa, señala el Ministerio Público, y advierte que «España no debería demorar más una regulación adecuada de protección del denunciante».
El Ministerio Público hace hincapié en que quien ha tenido conocimiento de un delito de corrupción, aunque no haya participado en él, no suele denunciarlo. Ni tampoco quien ha recibido un soborno, «bien por desconfianza en la justicia» o por «la inexistencia de una regulación protectora específica» que hace «muy difícil confiar en una denuncia» por temor a sufrir algún tipo de represalia.
DELGADO YA ABOGÓ POR UNA NUEVA LEY DE DESTIGOS PROTEGIDOS EL PASADO FEBRERO
Ya el pasado febrero, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, entonces fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista, manifestó en una entrevista en Confilegal que “hay que hacer una ley de testigos protegidos a la americana”.
El pasado 3 de julio, reveló que el Gobierno baraja “nuevas herramientas” legales para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la forma de una «nueva ley de testigos protegidos» para incentivar la colaboración con las autoridades.
Ocho días después, el 11 de julio, confirmó en el Congreso de los Diputados que modificará dicha ley para incluir a los denunciantes de los casos de corrupción con el fin de «frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias» de los mismos.
Afirma que la ley de 1994 que regula la protección de testigos es «insuficiente» y está «superada por la realidad».
Además, considera que hay que reconocer las carencias materiales y personales de los sistemas de protección de denunciantes, testigos, colaboradores o víctimas, y que hay que actualizar la norma a las «nuevas formas de criminalidad que provocan tensión en el proceso penal desvirtuando sus fines».
Delgado recordó en la Comisión de Justicia que la Cámara Baja está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, porque se hace imprescindible implantar instrumentos que protejan a «aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción».
La ministra dijo que es «urgente» que se frene «el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias» y «evitar la publicidad o difusión de datos personales de estas personas protegidas que aumentan su riesgo desde el primer momento».
Por otro lado, anunció que se desarrollará un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que «permita conjugar la sanción de su conducta (la de los arrepentidos) con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los partícipes del hecho criminal».
También se ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para reubicar en un sólo título del Código Penal todas las conductas penales actuales relacionadas con la corrupción pública.
‘CASO FALCIANI’
Un famoso ‘whistleblower’ es Hervé Daniel Marciel Falciani (Montecarlo, 1972), un antiguo empleado del HSBC de Ginebra desveló en 2015 la identidad y los registros bancarios de unos 130.000 evasores fiscales que ocultaban más de 100.000 millones de euros en la rama suiza del banco.
Precisamente hoy afronta la vista en la que la Audiencia Nacional estudiará la solicitud de extradición que emitió sobre él la justicia Suiza en el año 2017 y que España atendió el pasado mes de marzo. La Fiscalía volverá a oponerse a su entrega y la Audiencia Nacional, casi con toda seguridad, volverá a denegar la extradición.
A Falciani le esperarían en el país helvético cinco años de prisión por supuesto “espionaje industrial”.
Desde la entrega de la ‘Lista Falciani’, también conocida como ‘Lista Lagarde’, este ‘whistleblower’ ha sido un colaborador habitual de la justicia española, de instituciones jurídicas de otros países, de la justicia estadounidense y la francesa.
Las instituciones judiciales de todos estos países se han beneficiado del contenido de la documentación facilitada por el informático llegando a la resolución de múltiples casos de blanqueo de capitales y corrupción.
En España, su cooperación ha permitido investigar a más de 600 defraudadores y recuperar entorno a 300 millones de euros.
Casos como el Pujol o la trama Púnica han supuesto que el propio Tribunal Supremo valorase explícitamente la colaboración de Falciani con las instituciones españolas.
El informático, que reside en España, fue detenido el pasado abril en virtud de una orden de las autoridades suizas, que le reclaman para que cumpla la sentencia que se dictó contra él en rebeldía.
Al ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que es la que debe decidir sobre la petición de entrega, el fiscal solicitó prisión incondicional como medida cautelar, al considerar que existía riesgo de fuga, hasta que hubiese una resolución.
Sin embargo, el juez de la AN Diego de Egea no atendió esta petición. Falciani fue puesto en libertad denegándose la extradición al país helvético. El magistrado le impuso medidas cautelares para evitar que Falciani saliera de España.
Vive en una localidad del Levante y no puede salir del término municipal sin autorización expresa de un juez.
