La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reveló ayer en el Congreso de los Diputados que es necesario modificar la ley que regula la protección de testigos para incluir a los denunciantes de los casos de corrupción -o «whistleblowers»-para «frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias».
Delgado recordó en la Comisión de Justicia que la cámara baja está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes porque se hace imprescindible implantar instrumentos que protejan a «aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción».
En esta línea, la ministrarecalcó que es «urgente» que se frene «el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias; evitar la publicidad o difusión de datos personales de estas personas protegidas que aumentan su riesgo desde el primer momento».
Para ello, considera necesario que se reformar la ley de 1994 que regula la protección de testigos ya que, a su juicio, es «insuficiente» y que está «superada por la realidad», ya que nunca ha sido modificada.
ACTUALIZAR LA NORMA A NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD
Además, hay que reconocer cuáles son las carencias materiales y personales de los sistemas de protección de denunciantes, testigos, colaboradores o víctimas y hay actualizar la norma a las «nuevas formas de criminalidad que provocan tensión en el proceso penal desvirtuando sus fines».
Por otro lado, anunció que se desarrollará un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que «permita conjugar la sanción de su conducta con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los partícipes del hecho criminal».
También se ha encargado a la Comisión General de Codificación un estudio para reubicar en un solo título del Código Penal todas las conductas penales actuales relacionadas con la corrupción pública. EP.
