La Fiscalía Anticorrupción advierte de la falta de medios materiales y personales y del «desbordamiento» de los representantes del Ministerio Público.
Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018, correspondiente al pasado año, que ha sido presentada este lunes con motivo de la apertura del año judicial.
Según arroja, hubo 609 procedimientos judiciales, 85 más que en 2016; y se incoaron 39 diligencias de investigación de la Fiscalía, dos más que en el ejercicio anterior, a las que se suman otras 42 diligencias que estaban en trámite a finales de 2016, que elevan la cifra a 81.
En ella, la Fiscalía pide el incremento de la plantilla de Anticorrupción y más efectivos para causas yihadistas tras aumentar un 11%; e insiste en que «ha llegado la hora» de crear la figura de un fiscal coordinador contra la delincuencia económica, con especial atención a los delitos contra Hacienda.
También destaca que las investigaciones iniciadas por la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado por malos tratos a animales domésticos fueron las que más crecieron en 2017 respecto al año anterior, seguidas de las relativas a ordenación del territorio y urbanismo. Se registraron 175 diligencias de investigación por delito de malos tratos a animales, frente a las 119 abiertas en 2016, mientras que los procesos relacionados con ordenación del territorio crecieron de 893 a 936.
FALTA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES
El año pasado, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recordó a los fiscales anticorrupción que la Policía Judicial trabaja bajo su dirección y no al revés, y en este ejercicio la Fiscalía Anticorrupción ha agradecido la «indispensable» colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los cualificados técnicos y peritos de las Administraciones Públicas -sobre todo en materias bancaria y financiera y de las unidades adscritas, pero ha insistido en la falta de medios personales y materiales.
Explica que que la creciente carga de trabajo hace que los fiscales estén «desbordados», que las jornadas de trabajo para estudiar un asunto pueden llegar a ser «interminables» y que esta situación es «próxima a la saturación».
«Destaca negativamente la significativa penuria de los recursos tecnológicos puestos a disposición de la Fiscalía», detalla.
EL MINISTERIO PÚBLICO PIDE MÁS PLAZAS EN ANTICORRUPCIÓN
El Ministerio Público pide el incremento de la plantilla de Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, en 10 plazas, de las que 8 sirvan para consolidar las que han estado en comisión de servicios debido al volumen de asuntos complejos y el inicio de la celebración de varios juicios orales de larga duración, como el de la pieza principal del Gürtel, iniciado en octubre de 2016.
También solicita el aumento de trabajadores en las Unidades de Apoyo, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado, y en las Unidades Adscritas Policiales, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que dan un asesoramiento «permanente» e información técnica a la Fiscalía Anticorrupción.
Y, además, la Fiscalía insiste en la necesidad de poder contar con un aplicación informática que permita conocer y evaluar en todo momento el estado de la tramitación de la causa, así como disponer de un programa capaz de relacionar y tratar la información de distintas bases de datos alimentadas con información propia de los procedimientos y de registros mercantiles, de la Propiedad o de organismos como el SEPBLAC.
AUMENTAN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS POR CORRUPCIÓN
La memoria revela un aumento de las sentencias condenatorias de los tribunales sobre causas de corrupción. De 34 resoluciones, 33 declararon culpables a sus investigados. No obstante, el Ministerio Público realizó 46 acusaciones, menos que en 2016, que se sitúan en cifras de 2015.
Indica que la lucha contra la corrupción ha cambiado desde la crisis económica, y que a partir de entonces se ha puesto de manifiesto «el mal funcionamiento de buena parte del sector bancario español», en el que algunos consejos de administración han sido «muy politizados y poco profesionales».
Señala que lo mismo ocurre con lo que denomina la «moderna corrupción» en el que «la frontera entre lo público y lo privado aparece hoy especialmente desdibujada», ya que en muchas ocasiones los empresarios privados han tenido en su mano la ejecución o prestación de servicios públicos.
‘EL PLAZO MÁXIMO PRORROGABLE QUE MARCA LA LECRIM PARA INSTRUIR UNA CAUSA ES INSUFICIENTE’
El Ministerio Público subraya que la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de sus «focos prioritarios». No sólo por el «daño» que causa al «correcto funcionamiento» de la Administración Pública, sino por la disminución de la confianza de los ciudadanos en unas instituciones.
En este sentido, la Fiscalía se compromete a «acortar» la duración de los procedimientos, introduciendo criterios de flexibilidad y racionalización, pese a no tener la capacidad de dirección de las investigaciones.
Asimismo, hace hincapié en que el plazo máximo prorrogable de 18 meses que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para instruir una causa es insuficiente debido a la complejidad de la mayoría de los mismos.
LA FISCALÍA TAMBIÉN DEMANDA MÁS EFECTIVOS PARA CAUSAS YIHADISTAS, QUE HAN AUMENTADO UN 11%
Otra de las reclamaciones incluidas en la memoria es la de más fiscales para luchar contra el terrorismo yihadista.
Según informa, desde 2014 las investigaciones por terrorismo yihadista van en aumento. En 2015 se incrementaron un 58,4%, en 2016 un 3% y el año pasado un 11,5%.
«La plantilla actual es manifiestamente insuficiente para poder abordar con garantías, rigor, dedicación y eficacia las amplias funciones que desempeña», afirma la Fiscalía de la Audiencia Nacional, integrada por un fiscal jefe, un teniente fiscal, quince fiscales y un fiscal emérito.
En 2017 se abrieron en la Audiencia Nacional 191 investigaciones por terrorismo yihadista y otras 135 de terrorismo, la mayoría de ETA, 89 de ellas. Por segundo año consecutivo las primeras investigaciones por terrorismo yihadista han superado al resto, aunque las sentencias sobre terrorismo etarra fueron más que las dictadas relacionadas con yihadistas, 29 frente a 17, respectivamente.
En 2017 hubo 83 acusados por terrorismo. 51 por terrorismo etarra, de los que fueron condenados 40; y 31 por yihadismo, de los que 25 acabaron condenados.
El terrorismo acaparó el 53,5% del total de las investigaciones abiertas en este tribunal especial.
