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El fiscal general del Estado recuerda a los fiscales anticorrupción que la Policía Judicial trabaja bajo su dirección y no al revés

José Manuel Maza en una foto de cuando era magistrado del Tribunal Supremo, antes de ser nombrado fiscal general del Estado. Foto: Carlos Berbell.
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El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, recuerda a los fiscales que sirven en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que la Policía Judicial (tanto Policía Nacional como Guardia Civil) y la Agencia Tributaria deben trabajar «bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».

«Ha de ser el Fiscal el que delimite y acote los hechos que han de ser investigados por presentar indicios de delito, y sólo éstos y no las simples especulaciones o conjeturas, más o menos aventuradas, son los que han de generar la incoación de unas Diligencias de Investigación», se puede leer en la Memoria de la Fiscalía 2017, correspondiente al pasado año.

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De esta forma, Maza quiere corregir una práctica detectada en los últimos años en la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Alejandro Luzón, y es que la instrucciones de los casos, además de las investigaciones policiales, parecían dirigirlas y llevarlas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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Y los fiscales anticorrupción se limitaban a copiar y pegar los informes, cada vez más jurídicos, que estos les presentaban.

De la misma manera, el fiscal general ordena desechar «tanto las investigaciones generales o prospectivas, dirigidas a la búsqueda de ‘algo’, que pudiera ser un indicio de delito», así «como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales».

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Maza, deja muy claro -blanco sobre negro- a los fiscales anticorrupción que dichas prácticas deben acabarse de una vez por todas.

«En consecuencia, ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias (policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones», añade el fiscal genral del Estado.

«Del mismo modo habrá de procederse al cese de la investigación en curso y a su archivo en el instante en que se aprecie que determinadas conductas que estén siendo investigadas no revisten los caracteres de infracción penal. Tales decisiones del Fiscal habrán de ser siempre suficientemente motivadas».

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Y concluye, de forma rotunda: «Las premisas así expuestas son las que han de guiar la actuación preprocesal de la Fiscalía Especial».

29 sentencias en 2016; 27 condenatorias y 2 absolutorias

De acuerdo con la mencionada Memoria, la Fiscalía Anticorrupcion intervino en 524 procedimientos judiciales en 2016, frente a los 371 de 2015 y los 340 de 2014.

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El año pasado, asimismo, se dictaron 29 sentencias, en primera instancia, de las que 27 fueron condenatorias y 2 absolutorias.

En ese periodo de tiempo, esta Fiscalía formuló 59 escritos de acusación; 12 más que los presentados en 2015.

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con 59 fiscales a su servicio -incluyendo a Luzón-, 21 guardias civiles, 9 policías nacionales, 11 miembros de la Agencia Tributaria, 9 de la Intervención General de la Administración del Estado y 32 funcionarios, «personal colaborador».

Una Fiscalía especial con medios informáticos prehistoricos

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado se hace un «striptease», en cuanto a medios informáticos se refiere.

Un «striptease» que no deja de ser preocupante.

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De acuerdo con la misma, no disponen de un programa o programas «capaces de relacionar y tratar la información de bases de datos alimentadas, tanto con la propia de los procedimientos en curso, como de otras externas, tales como los registros mercantiles, los de la Propiedad, los boletines oficiales o la información recibida del SEPBLAC o de otros organismos».

También adolecen de los programas informáticos «que faciliten la búsqueda de datos y conceptos útiles para la investigación, entre los documentos digitales, discos duros, tarjetas y otros soportes informáticos que contengan información obtenida de los sujetos sometidos a investigación».

«El volumen ingente de información y documentación que tienen que manejar los Fiscales convierte en una tarea titánica su análisis, siendo obvia la cantidad de tiempo que se utiliza para ello y que se reduciría ostensiblemente de disponer de tales herramientas informáticas».

Tampoco disponen de una aplicación informática «de entrada y registro de escritos, ni de Diligencias de Investigación, ni de procedimientos judiciales. En la actualidad, son aplicaciones «caseras», confeccionadas por los propios funcionarios, las que están permitiendo el registro diario de los asuntos».

Y se carece «de un expediente informático de gestión de causas».

Por último, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada admite que no tiene una aplicación específica que permita conocer y evaluar en todo momento el estado de tramitación de cada causa y que posibilite su asunción por otro u otros fiscales, «acortando al máximo el tiempo que necesita el nuevo Fiscal para estar en condiciones de atender el despacho del asunto con las máximas garantías de eficacia y seguridad jurídica».