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El TSJMU señala como perjuicio la posibilidad de que los alumnos no realicen una actividad obligatoria y evaluable “por no autorizarlo sus padres".

La acusa de un supuesto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales, contemplado en el artículo 542 del Código Penal.

Hoy finaliza el plazo que el Ministerio de Educación dio al gobierno murciano para retirar su instrucción sobre esta medida.