El diputado por el PSOE, Juan Carlos Campo, en una instantánea de cuando era secretario de Estado de Justicia. EP.
El PSOE pide cuentas al PP en el Congreso sobre la promoción de la claridad del lenguaje jurídico
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03/4/2016 05:55
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Actualizado: 02/4/2016 19:50
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El PSOE va a pedir cuentas al Gobierno del PP sobre los esfuerzos que tenía que haber hecho en los últimos cuatro años en la promoción de la claridad del lenguaje jurídico, «porque hay un grupo vulnerable, que es la ciudadanía, que tiene el derecho a comprender», según Juan Carlos Campo, diputado del PSOE por Cádiz y portavoz de ese partido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
En esta línea, Campo defenderá el próximo martes, en la citada Comisión, una proposición no de ley para promover la claridad del lenguaje jurídico para que haya «una justicia moderna» que la «ciudadanía comprenda y sienta próxima».
Campo se mueve sobre terreno seguro pues entre 2009 y 2011, siendo secretario de Estado con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, presidió la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que tenía, precisamente, ese cometido.
Dicha comisión estaba formada por ocho expertos elegidos por su experiencia profesional y sus conocimientos tanto en el ámbito jurídico y lingüístico que fueron, además de Campo, Víctor García de la Concha, como vicepresidente, en su condición de director de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), los periodistas Álex Grijelmo, entonces presidente de la Agencia EFE, Gabriela Cañas, de El País, y Maria Peral Parrado, entonces en El Mundo, la catedrática de la Universidad de Alcalá de Henares, Mercedes Bengoechea Bartolomé, la entonces vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo Sanestanislao, el entonces presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer Díez, el académico de la Real Academia Española y gramático Salvador Gutierrez Ordoñez y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
Los trabajos de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico concluyeron el 20 de septiembre de 2011. Caamaño y el sucesor de la García de la Concha en la RAE, José Manuel Blecua, presentaron el informe, que contenía una serie de valiosas recomendaciones dirigidas a los profesionales y a las instituciones y una recomendación asociada pensada para los medios de comunicación.
El informe acuñó el nuevo concepto del «derecho a comprender», enarbolado ahora por Campo, una de las aportaciones más ambiciosas. «Una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender», se podía leer a través de sus páginas.
En el mismo establecía la necesidad de crear una Comisión, a través de una Convenio de Colaboración suscrito con la RAE, que tuviera como finalidad principal fomentar el buen uso del lenguaje jurídico y para que impulsara el desarrollo de las recomendaciones realizadas desde la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
Convenio que se firmó en diciembre de 2011, al término de la Legislatura.
‘EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO HA HECHO NADA EN 4 AÑOS’
«El Ministerio de Justicia, después de aquel gran impulso, no ha hecho nada en cuatro años. Lo enterró y se olvidó de ello. Ahora toca que rindan cuentas. El objetivo de la proposición no de ley es que cuenten lo que han hecho, que ya sabemos que no han hecho nada, para que lo reactiven», explica Juan Carlos Campo, el impulsor de aquella Comisión, quien además es juez en servicios especiales y ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, lo que le convierte en uno de los grandes expertos en esta materia.
«La ciudadanía es un grupo vulnerable que no comprende el lenguaje jurídico en todos sus planos: normativo, judicial, e incluso periodístico. Nosotros, como representantes de los ciudadanos tenemos el deber de hacer que se comprenda. Los médicos también tienen su lenguaje especializado, pero cuando les preguntas te explican, en términos comprensibles, lo que necesitas comprender. ¿Por qué en el mundo de la Justicia no se ha hecho? Espero que la Comisión de Justicia secunde nuestra proposición no de ley y que reactivemos este esfuerzo que nos parece vital. El derecho a comprender es básico. La justicia no se comprende y, por lo tanto, no se puede apreciar lo que no se comprende», concluye el diputado socialista.
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