El Colegio de Abogados de Málaga, con su decano al frente, Francisco Javier Lara, ha tocado a rebato entre los suyos tras conocer el proyecto de reducción de hasta el 55 por ciento de los honorarios que pretende aplicar la Junta de Andalucía a los letrados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
Para ello, Lara compareció el miércoles en rueda de prensa acompañado del diputado responsable del turno de oficio, Guillermo Jiménez, y el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
«Hay una propuesta de borrador de una orden por la que reduce los pagos de la justicia gratuita hasta un 55 por ciento», reveló Lara.»Trataremos de conseguir que no se convierta en una orden». Porque es «irrisoria, lamentable e intolerable» y repercute en la calidad del servicio, añadió.
Lara defendió la importancia social de la justicia gratuita para la ciudadanía con menos posibles.
«Ha quedado claro, como recientemente ha ratificado en una sentencia el TSJA, que los abogados de oficio no trabajan por dinero, pero socavar de esta manera sus condiciones laborales es un ataque directo a su función social, es un ataque no sólo a los abogados, sino también a los ciudadanos más desfavorecidos», afirmó.
Según explicó después a Confilegal el decano de los abogados malagueños, «esto viene de la Consejería de Justicia, de la que es titular Emilio Llera. Estábamos negociando. Habíamos aportado varias sugerencias. Nos dijeron que iba todo muy bien y que nos iba a gustar mucho la propuesta. Cuando nos la dieron, el otro día, nos llevamos las manos a la cabeza».
De acuerdo con Lara, ya han presentado alegaciones ante la Junta de Andalucía y han animado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados a sumarse.
AGRAVIO COMPARATIVO
Para el decano del Colegio malagueño los nuevos baremos que plantea el Gobierno andaluz significan «un grave agravio» respecto a letrados de otras comunidades autónomas del país, porque el borrador refleja que los abogados andaluces «pasarían a cobrar entre un 23 y un 74 por ciento menos que los de Galicia, Cataluña o País Vasco» por realizar el mismo trabajo.
En opinión de Lara, de aprobarse estos nuevos baremos, los abogados andaluces cobrarían 50 euros por los recursos de apelación contra el auto de prisión en Andalucía, mientras que «por ese mismo trabajo, los abogados del País Vasco perciben 191,52 euros, casi cuatro veces más; los de Galicia, 157,61 euros y los de Cataluña, 146 euros».
«Es algo inaceptable», ha lamentado.
Una cosa similar ocurre, ha dicho, en otros conceptos, como los procedimientos con sentencia absolutoria.
Mientras que en los juicios rápidos con absolución «la propuesta de la Junta es pagar 147 euros -desde 2012 paga 252 euros y en 2009 eran 280 euros; pero a los abogados catalanes se les paga 358 euros; a los gallegos, 350 euros y a los del País Vasco, 325 euros».
Lara señaló que el baremo de retribución que está vigente hoy día se publicó en septiembre de 2012 y ya establecía una bajada lineal al diez por ciento respecto al anterior, de abril de 2009.
En este sentido, ha recordado que el pasado 29 de octubre de 2015, el Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley que instaba a la Junta de Andalucía a restituir ese diez por ciento.
El decano de los abogados de Málaga, que representa a casi 7.000 letrados, lo ha dejado claro: si la Junta saca adelante el borrador le tendrá enfrente.
La comparecencia pública, con toda su Junta de Gobierno, fue dos cosas: un símbolo y un aviso. Si hay que ir «a la guerra» por el turno de oficio, se irá. CONFILEGAL/EP.
