El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha anunciado este jueves que ha ordenado a los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales– que vuelvan a elaborar un listado con el estado del 20 por ciento de causas que estarían de media pendientes de clasificar como sencillas o complejas, de acuerdo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Esta clasificación determina el tiempo que tienen los jueces para instruirlas.
En una comparecencia ante los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, Catalá ha vuelto a insistir en que confía en que, en cumplimiento de la ley, el próximo 6 de junio estén revisadas las 346.000 causas judicializadas en los tribunales.
«Un trabajo sencillo», ha insistido, que determinará si el plazo de instrucción es de seis meses para las causas sencillas o de 18, en las complejas.
En la comparecencia, en la que no ha estado presente Consuelo Madrigal, no se han ofrecido datos desglosados de cuántas causas están todavía pendientes de clasificación en cada provincia. Catalá se ha limitado a decir que en «muchas provincias» ya se han revisado el cien por cien de las causas y, en otras, queda una media del 20 por ciento por clasificar.
Catalá ha insistido que «en ningún caso» se archivarán causas penales por falta de revisión antes del 6 de junio, congratulándose además de que esto haya permitido que algunas hayan sido «dinamizadas» con nuevas diligencias.
El Consejo Fiscal, órgano consultivo presidido por Madrigal, advirtió en la previa de este encuentro que veía «imposible» cumplir con la LECrim.
«La actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales», señaló en un comunicado el Consejo Fiscal tras su última reunión.
Esta revisión también ha provocado un cruce de reproches entre asociaciones de fiscales y de letrados de la Administración de Justicia sobre la responsabilidad de cada cuerpo en este trabajo.
La orden de Justicia es que sean los letrados de la Administración de Justicia los que elaboren un listado actualizado de la situación de las causas pendientes de revisión, algo que ya se pidió el pasado mes de octubre.
«La intención es cruzar esta información a partir del lunes próximo», ha comentado Catalá.
PROTOCOLO A FUTURO
A falta de 18 días de que se cumpla el plazo que determina la ley, Catalá ha dicho que también ha acordado con Madrigal que los 80 fiscales que se aprobaron como refuerzo para estos trabajos se reubiquen, pasando de provincias con la revisión finalizada a otras con causas aún pendiente de clasificar.
Catalá se ha referido a un protocolo que ya funciona en la Fiscalía Provincial de Valladolid, tras acordarse así entre el juez, los letrados y el representante del Ministerio Público, y que quiere extender como solución para que sea el fiscal el que conozca de todas las causas que se incoen.
«Es un protocolo de futuro que se hará extensivo a todas las provincias para garantizar que siempre las causas se trasladen a las fiscalías», ha comentado el ministro, que ha especificado que esto se llevará a cabo en formato papel hasta que se pueda hacer de forma telemática con el uso del expediente digital. EP.
