De izquierda a derecha, José Joaquín Gallardo, Juan Carlos Campo, Isabel Escartín, José Muelas, María Isabel Mora y Marcial Gómez, antes del debate, posando con el logo de la Brigada Tuitera.
El PP promete quitar las tasas para pymes y ongs en el debate a cuatro de la Brigada Tuitera
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18/6/2016 07:58
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Actualizado: 18/6/2016 01:41
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Juan Ignacio Zoido, diputado del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y presidente de la Comisión de Justicia de la reciente Legislatura, afirmó que las tasas para pymes y ongs serían eliminadas en el nuevo Parlamento que salga de las urnas el próximo 26 de junio. «Hay consenso en esto de todos los partidos», dijo durante el debate a cuatro que la Brigada Tuitera organizó en el Colegio de Abogados de Sevilla y al que asistieron Juan Carlos Campo, en representación del PSOE, Marcial Gómez, por Ciudadanos y María Isabel Mora, por Podemos.
Los cuatro partidos políticos se pronunciaron con toda rotundidad y claridad por la eliminación de las tasas, principal bandera de la Brigada Tuitera, uno de cuyos «mariscales», el abogado José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, tuvo la responsabilidad de cerrar el debate.
Un debate que fue moderado por su homónimo sevillano, José Joaquín Gallardo e Isabel Escartín, decana del Colegio de Procuradores de la capital hispalense.
El objetivo de la Brigada Tuitera con la celebración de este debate era poner el foco en la Justicia, la gran olvidada de las pasadas elecciones y también de estos comicios.
Por eso apostaron por intervinientes de máximo nivel de todos los partidos políticos.
Zoido, exalcalde de Sevilla, es magistrado en servicios especiales (una situación similar a la de excedencia pero con la particularidad de que en cuanto se acaba el recorrido político puede volver a la carrera judicial en el punto que le habría correspondido si no la hubiera abandonado temporalmente) y exdecano de Sevilla.
Campo es también magistrado en la misma situación y antes fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y secretario de Estado del Ministerio de Justicia.
Gómez, diputado por Ciudadanos, es procurador por Córdoba, y exmiembro de la Junta del Colegio de esa ciudad.
Y Mora, senadora, era portavoz de la Comisión de Interior y vocal de la Comisión de Justicia en el Senado por Podemos.
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, y el nombramiento de sus 21 miembros -20 vocales y el presidente-, fuente central de la «contaminación política», las posiciones de los intervinientes fueron dispares.
Zoido reafirmó la idea de que los jueces gozan de total independencia y de que está bien como está el CGPJ, es decir, que sus 20 miembros sean nombrados por el Congreso y por el Senado, como ocurre ahora.
Esos 20 vocales y su presidente nombran, en la actualidad, a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), a los magistrados que conforman esos TSJ, y a los 50 presidentes de Audiencias Provinciales.
El representante del PSOE ratificó la misma idea que el del PP, en cuanto a la independencia de los jueces, pero propuso una reforma -dentro de la Constitución- para que sigan siendo elegidos por las dos cámaras.
Gómez, por su parte, reconoció que «rectificar es de sabios», y recordó que Ciudadanos había cambiado de postura con respecto a la anterior legislatura. La formación naranja defiende -en línea con las recomendaciones del Consejo de Europa- que los 12 vocales de procedencia judicial sean nombrados por sus iguales, como ocurrió en el primer Consejo, entre 1980 y 1985.
La representante de Podemos, por su parte, defendió que los componentes del CGPJ sean nombrados directamente por la ciudadanía y los profesionales, y que, además, rinda cuentas a la ciudadanía.
Juan Ignacio Zoido, Juan Carlos Campo, José Muelas, José Joaquín Gallardo, Isabel Escartín, María Isabel Mora y Marcial Gómez. BT.
JUSTICIA CON MÁS MEDIOS
En el capítulo de medios y justicia, el exalcalde de Sevilla reconoció su frustración personal ante el actual estado de cosas. «Llevo muchos años en política y no he visto avanzar el sistema judicial», confesó públicamente. Zoido propuso un gran pacto por la Justicia entre todos los partidos políticos, donde intervinieran los diferentes colegios profesionales, «para pensar, entre todos, el nuevo modelo».
La propuesta de pacto por la justicia ya fue planteada hace meses por la Brigada Tuitera, al igual que por el Consejo General de la Abogacía de España y las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente– quienes hace unos meses firmaron un acuerdo de colaboración para trabajar en esa dirección.
Una idea a la que también se adhirió recientemente el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
El diputado socialista, Campo, por su parte, se quejó de que no había un modelo de justicia definido desde mucho antes de la llegada de la democracia, por lo que «habrá que hacer reformas normativas, organizativas y tecnológicas».
Dentro de esas reformas, desde su punto de vista, es prioritario que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción, con independencia, y con medios económicos suficientes y que el juez se dedique a juzgar y a ejecutar lo juzgado.
En este apartado, Ciudadanos fue más preciso. Propuso dotar al sistema judicial con 500 millones más de presupuesto con el horizonte de conquista tecnológico; abundó en la idea de tener un único sistema de gestión procesal en toda España, y no como ahora que hay seis diferentes que no se hablan entre sí. De la misma manera, apostó por aumentar el ratio de jueces hasta alcanzar la media europea y dar formación a los funcionarios de Justicia.
La senadora de Podemos propuso dotar a la Justicia con una suficiencia presupuestaria equivalente a la que tiene la Sanidad así como hacer una auditoría pública externa de los recursos que posee la Administración de Justicia, encarar una reforma de la ley de planta y de los sistemas y programas informáticos. Sin olvidar, al turno de oficio, por cuya mejora apuesta.
LEXNET
Los cuatro representantes políticos coincidieron en el que el expediente digital no existe, todavía. Que lo único que existe es un correo seguro, llamado Lexnet, que hay que mejorar.
Zoido admitió que «Lexnet falla y que hay que mejorarlo, pero la digitalización ha llegado para quedarse». No hay marcha atrás.
Lo mismo piensa Campo, aunque dirigió la culpa de sus fallos a la «gestión del cambio». «Funcionaba para los procuradores, pero no está preparado para todos los operadores jurídicos que ahora intervienen», dijo.
Marcial Gómez se mostró partidario de implantar una moratoria a su obligatoriedad exclusiva, «porque es una tortura trabajar con Lexnet, que además de opaco es poco transparente», añadió.
La posición de Podemos se asemeja a la de Ciudadanos. «La implantación de Lexnet no se ha hecho bien. Hay que imponer una moratoria y, además, hacer que Lexnet dependiera del poder judicial y no del poder ejecutivo», declaró.
LÍMITE DE LA INSTRUCCIÓN A 6 MESES
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformada el año pasado, establece un periodo de 6 meses de instrucción para las causas declaradas sencillas y 18 meses para las complejas, con posibilidad de extender este periodo si así lo propone el fiscal y lo ratifica el juez de instrucción.
Una decisión que no es pacífica en absoluto. Mientras que el representante popular defendió que debía mantener como está, Campo apostó por su derogación directa. Estuvo de acuerdo en que la instrucción tiene que ser rápida pero que no debía tener limitaciones de tiempo. Una derogación que también abrazaron Ciudadanos y Podemos.
MUELAS CERRÓ EL DEBATE
José Muelas puso colofón al debate a cuatro de Sevilla: «En 1978 un partido en minoría hizo una Constitución, y todos los partidos estuvieron de acuerdo. Esa Constitución empieza con siete palabras: ‘La nación española, deseando establecer la justicia…’. No las Diputaciones Provinciales. No las comunidades de vecinos. La nación española se dio un motivo para vivir juntos. Y era la justicia».
«Obras son amores. El presupuesto en justicia en los últimos 5 años ha oscilado en torno a los 1.400 millones de euros. El sueldo de cargos y diputados provinciales está anualmente en 2.400 millones de euros. Y la nación española decidió vivir junta porque quería establecer la justicia», añadió.
«34 millones de euros destina el Gobierno central, la ‘zona Ministerio’ [Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Baleares y Murcia] a pagar la justicia de los pobres. Un millón menos que la Comunidad Autónoma de Madrid destina a cheques guardería. Pero la nación española decidió vivir junta porque quería establecer la justicia».
«Así que vamos a decirlo en sevillano, eso de llevar ‘pa’lante’ la justicia no solamente es responsabilidad de los representantes y los decanos de abogados y procuradores. Eso lo llevamos encima todos. Así que vamos a acordarnos de lo que llevamos encima», prosiguió.
«Me ha gustado oir que se hablaba de consenso. Me ha gustado oir que había que llegar a acuerdos. Y no sólo los partidos. Porque ustedes [dirigiéndose al público] también hablan. Y hay que tener la sensibilidad para conectar con todos los operadores jurídicos. Porque si tenemos que acordarnos de lo que llevamos encima este problema lo tenemos que sacar todos por igual. Porque no hay una diferencia entre representantes y representados».
«Por cierto, hoy me ha encantado este debate porque hemos sacado aquí, un compromiso, de que en la próxima legislatura desaparecerían las tasas para ongs y para pymes».
«Hace falta mucho más valor para reconocer un error, para reconocer que quizá alguna vez no se hizo bien, que para proseguir en el ‘mantenlla y no enmendalla’. Así que recordemos lo que llevamos encima. Trabajemos todos por igual, pero valiente. Porque el 26 de junio hay elecciones generales», concluyó Muelas.
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