Con el mismo objetivo, el PSOE ha presentado hoy una «ofensiva» para activar la lucha contra la violencia de género, en la que solicita una veintena de comparecencias de altos cargos en el Parlamento, entre ellos, la de cinco ministros: Presidencia, Justicia, Interior, Sanidad y Educación.
En lo que va de año, 40 mujeres han muerto, ocho de ellas durante el mes de agosto que acaba de terminar, como consecuencia de la violencia machista, que además ha dejado a 24 menores huérfanos, según los últimos datos facilitados por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, el pasado día 29.
Sanidad ha planteado en una reunión celebrada con la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, Ángeles Carmona, la voluntad «primordial» de alcanzar una gran acuerdo social con fuerzas políticas y agentes sociales para erradicar la violencia machista.
Para ello, el Ministerio ha convocado a partir de la semana próxima a los grupos parlamentarios, organizaciones sociales, empresariales y sindicales, así como a responsables de grupos de comunicación.
Entre las propuestas para impulsar las denuncias contra los malos tratos y reforzar la protección a las víctimas, se encuentran «mejorar la valoración del riesgo», según ha explicado la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, que también ha asistido a esta reunión, junto con la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero.
En el análisis de que falló en los casos de las once mujeres asesinadas este año -de las 40 víctimas- que habían denunciado, la delegada del Gobierno ha explicado que en algunos de ellos las órdenes de protección habían finalizado, la valoración del riesgo por parte de la Policía no fue ajustado y en otros el agresor no respetó la orden de alejamiento.
Blanca Hernández ha destacado la importancia de la nueva tipificación de delitos prevista en reformas que tramita el Gobierno, como manipular los brazaletes y el acecho y hostigamiento a la víctima, además de la medida de libertad vigilada.
«Se debe seguir trabajando para facilitar a la víctima el proceso judicial» y para que esté asesorada en la redacción de las denuncias.
En el ámbito judicial, la delegada del Gobierno ha planteado la necesidad de seguir formando a los jueces y magistrados para que dicten más órdenes de protección a las víctimas, al igual que al resto del personal al servicio de la administración de justicia.
Por su parte, la presidenta del Observatorio Judicial ha asegurado a Efe que no se puede permitir que una mujer que denuncia tenga que morir a manos de su agresor y ha abogado por mejorar la coordinación entre jueces y policías para activar la maquinaria de protección a las víctimas.
«La ministra y yo hemos coincidido en que no podemos permitirnos que una mujer que decide dar el paso de denunciar tenga que morir a manos de su agresor», ha dicho Carmona.
En este sentido, ha destacado la importancia de mejorar la coordinación entre jueces y policía de manera que todas las denuncias presentadas en los juzgados se pongan en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que evalúen la situación de la víctima y se inicie la maquinaria de protección adecuada.
(EFE)
