Alaya comunica a Zarrías y Moreno su condición de imputados y ve indicios de prevaricación y malversación

8 / 09 / 2014 00:00

Actualizado el 08 / 04 / 2016 10:03

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La juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha comunicado su imputación por malversación y prevaricación a los exconsejeros de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y Mar Moreno y ha ampliado la imputación a veinte personas más, lo que eleva el número de imputados en la causa a 227.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez señala que respecto a Zarrías, diputado por Jaén, y Moreno, diputada andaluza por Almería, ambos imputados tras ocupar la consejería de Presidencia, se han «objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre la responsabilidad» en el caso «por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación».

La comunicación se produce casi un mes después de que incluyera a ambos en la exposición razonada que la juez envió al Tribunal Supremo sobre las personas aforadas, entre las que figuraban los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y siete exconsejeros andaluces.

En su auto, dictado el 4 de septiembre y comunicado hoy, la juez señala que cuando en agosto pasado trasladó el caso al Supremo no les comunicó a ambos exconsejeros su inclusión en el procedimiento.

Ahora, indica la juez, «pudiendo el Tribunal Supremo tardar algún tiempo en resolver lo procedente sobre su competencia, resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición».

Esa comunicación la hace porque Zarrías y Moreno «pudieran resultar en el futuro inculpados por el tribunal superior» y para otorgarles «la facultad de asumir la condición de parte», lo que permite que se les trasladen las actuaciones y participen en las diligencias que se practiquen.

En otro auto, la juez acuerda la imputación y declaración de 20 nuevos imputados por los ERE de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

La juez ha imputado también al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela Cabrera, por unas ayudas concedidas el 17 de noviembre de 2011 por importe de cinco millones de euros a Astilleros de Huelva. (EFE)

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