El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido incorporar a la pieza sobre la comercialización de preferentes de Caja Madrid los correos corporativos mantenidos entre el ex presidente de la entidad Miguel Blesa y los miembros de su consejo de administración y su comisión ejecutiva.
Fernando Andreu ha acordado requerir a las entidades Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y Bankia para que remitan a la mayor brevedad posible «cuantos correos electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por Miguel Blesa de la Parra, a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009 y mantenidos por él mismo con los miembros de la comisión ejecutiva o del consejo de administración de dicha entidad”, según explican fuentes de la propia Audiencia Nacional.
Sin embargo, las comunicaciones del financiero no van a entrar en el sumario de forma masiva e indiscriminada. Para salvaguardar los derechos en conflicto el juez acuerda el secreto de estas actuaciones y explica que se descartaran todos aquellos correos que no tengan relación con los hechos investigados. Para ello los correos serán examinados por el juez y en su caso por el Ministerio Fiscal, bajo la fe de la secretaria judicial y dándose oportunidad al querellado Miguel Blesa, con asistencia letrada.
De esta forma, el juez responde a una nueva petición de los querellantes del bufete de abogados Jausas en la que acotaban su solicitud a los correos corporativos del querellado, del año 2009. El juez argumenta que obran indicios suficientes que indican cómo los directivos y dirigentes de Caja Madrid «sabrían o deberían haber sabido el grave deterioro que la entidad estaba sufriendo».
El juez Andreu asegura en su auto que, “es objeto de la presente causa el determinar si, para hacer frente a dicha situación, tomaron decisiones en perjuicio de sus clientes, con conocimiento del perjuicio que se les podría ocasionar mediante la comercialización masiva y al minorista de un producto no recomendado ni adecuado para el perfil de tales consumidores”. Precisamente, pretende saber si se ocultó a los clientes “la naturaleza del mismo, así como la verdadera situación en que la entidad se encontraba, de forma que la entidad se recapitalizaría a costa de sus clientes, y previa una actuación urdida con conocimiento del perjuicio que, inevitablemente, se les vendría a ocasionar”.
El contenido de las comunicaciones que sobre este particular pudieran haber mantenido los directivos de Caja Madrid y singularmente su presidente- añade Andreu- “puede constituir un valioso acervo en las presentes diligencias dirigido a determinar la naturaleza y circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados”. Para Andreu, la gravedad de los hechos y la trascendencia social y económica son de tal importancia que justifican la medida adoptada, «teniendo en cuenta que nos encontramos ante un correo corporativo, esto es, un instrumento que se facilita a los trabajadores de la entidad para desarrollar su trabajo, y que las comunicaciones que se interesan son únicamente las mantenidas entre los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración con el presidente de la entidad”.
La decisión de Andreu se produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional explicara en un auto en el que rechazaba incorporar los correos de Blesa que habían sido solicitado por el juez Elpidio José Silva, que las partes podían solicitarlos directamente a Bankia.
Por su parte, Blesa rechazó la posibilidad de que el juez Andreu accediera a los correos argumentando que estos los tenía Bankia “de forma accidental”.
Colaboración de Bankia
Bankia ha asegurado, tras conocer la decisión del juez, que prestará su «total colaboración» a la justicia, «como ha hecho hasta ahora», y enviará la información solicitada por la Audiencia Nacional con la «mayor diligencia».
