Cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se han acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, tras lo cual ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado nuevas medidas cautelares para los imputados.
De este modo, a lo largo de la mañana de este lunes han comparecido ante la magistrada el ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler; los ex viceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Los cuatro últimos habían sido citados a declarar por la juez para ampliarles la imputación en relación a los ERE de Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén, mientras que Martín Soler ha comparecido en relación a la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa,concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Aunque se ha negado a declarar, Martín Soler ha presentado un escrito en el Juzgado en el que defiende su «completa falta de participación» en dicho expediente y asegura no haber tenido vinculación ni relación con el mismo, pues además explica que el expediente se inició después de que él fuera cesado como consejero.
Martín Soler ya compareció ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque ese día también se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado, al igual que ha ocurrido este lunes. (EP)
