La dotación presupuestaria que recibirá la política de Justicia el próximo año se situará en 1.501,75 millones de euros, lo que representa un incremento del 1% respecto al año anterior. Aumenta el gasto dedicado a la justicia gratuita, mientras se mantiene el destinado a los Registros y la asistencia a víctimas de delitos.
El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2015 calcula que la política de Justicia pasa de contar con 1.486,17 millones de euros a 1.501,75 millones de euros, lo que supone un montante de 15,6 millones de euros más.
La participación del Ministerio de Justicia para desarrollar esta política, que incluye el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza a 1.446,87 millones de euros y la dotación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que lo haga disminuye de 57,96 a 54,88 millones de euros.
El dinero que el Estado transferirá a instaurar las nuevas tecnologías en los juzgados pasa de 43,3 millones de euros a 59,3 millones. Esta partida sufrió leves recortes durante los dos últimos años, pero la modernización tecnológica es uno de los ejes defendidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el Ministerio de Justicia.
El nuevo ministro Rafael Catalá la fijó como una de sus prioridades al recibir esta cartera. Para el próximo año, tiene como reto impulsar una plataforma informática que garantice la interoperabilidad y compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, así como implantar el expediente electrónico en la Audiencia Nacional y el nuevo portal de subastas judiciales del BOE.
El gasto de personal se ha ‘comido’ tradicionalmente la mayoría del presupuesto y en esta ocasión, decrece de 1.227 a 1.226,66 millones de euros. El Ministerio de Justicia recortó el pasado año el número de jueces y fiscales suplentes para encomendar las vacantes y sustituciones a los titulares.
Convocar oposiciones
Para 2015, se plantea convocar oposiciones de ingreso a las Carreras judicial y fiscal y se adecua la Planta al número real de miembros, reduciendo la justicia interina, lo cual no supone un incremento de gasto público ya que se suprimirán actuales refuerzos, se cubrarián vacantes con personal de Carrera y se dará cabida a las nuevas promociones de jueces para que puedan ocupar su destino.
La partida de los Registros Vinculados a la Fe Pública se mantiene en 24,46 millones de euros con el fin de dar respuesta a la reciente reforma del Registro Civil y de integrar una nueva plataforma con los servicios asociados a la concesión de nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza, garantizando la interoperabilidad y facilitando la comunicación por medios electrónicos a los ciudadanos.
Una de las últimas reformas del ministro dimisionario, Alberto Ruiz-Gallardón, fue la de encomendar la gestión de los Registros Civiles a los registradores mercantiles.
Por otra parte, la contribución del Estado en materia de asistencia jurídica y psicológica a víctimas de delitos violentos y sexuales y violencia doméstica permanece intacta en los 1,18 milones de euros.
La dotación destinada a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita experimenta un incremento del 2,3% para situarse en 34,93 millones de euros. El Congreso tramita un proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita que aumenta el número de colectivos beneeficiarios e introduce medidas para «luchar contra abusos que conculcan la razón de ser de este derecho».
