El Gobierno y el Partido Popular impugnarán la semana que viene la designación y la composición de la junta electoral tras la firma por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la comisión de control de la ley de consultas.
El decreto que da luz verde a este organismo recogido en la suspendida ley de consultas ha sido publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Generalitat.
Así lo ha confirmado este viernes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. El PP, ha señalado la dirigente de la formación a los periodistas antes de participar en un cónclave interparlamentario en Guadalajara, «va a formalizar la semana que viene ante los tribunales la designación y la composición de esa junta, e impugnaremos también la firma de Mas».
Sánchez-Camacho, a su llegada a la XXI Interparlamentaria que el PP celebra en Guadalajara, ha afirmado que el Ejecutivo está actuando «con firmeza y serenidad». «El Gobierno está moviendo ficha porque va a llevar a los tribunales y va a impugnar la firma de Artur Mas nombrando a los siete consejeros de esa Junta Electoral, que no puede existir», ha abundado.
La dirigente del PP catalán ha asegurado que Mas está en un «callejón sin salida» y ha añadido que lo «único» que pretende con el nombramiento de esa Junta es «ganar tiempo». A su juicio, el presidente de la Generalitat «no puede seguir con los preparativos del referéndum ilegal».
Es más, ha señalado que esa unidad de los partidos independentistas «cada día está más en riesgo». «Les queda muy poco tiempo para que esa unidad empiece a romperse y resquebrajarse, los partidos independentistas no son una unidad real sino una unión de intereses para un referéndum ilegal que no se va a hacer el 9 de noviembre», ha indicado.
Según Sánchez-Camacho, Mas «finalmente» va a tener que decir la verdad «a todos los catalanes», dejando claro que el Gobierno catalán «no va a poner urnas el 9 de noviembre» y «no va a hacer ese referéndum porque es ilegal y porque está suspendido por el Tribunal Constitucional».
