El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa asume el embargo de sus bienes al no poder afrontar la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por su responsabilidad en el sistema de tarjetas opacas.
Blesa sí que pudo reunir 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, pero ahora ve casi imposible lograr los 16 millones impuestos por el juez antes del próximo miércoles. Según apuntan algunas fuentes no dispone de la capacidad económica suficiente.
La única posibilidad para Miguel Blesa de evitar este embargo sería que Mapfre hiciera frente a la fianza porque él tiene un seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, algunas fuentes jurídicas apuntan que las aseguradoras pueden desentenderse de estos casos cuando existe intención en la ejecución del delito.
No obstante, Blesa mantiene su intención de recurrir el auto del magistrado, aunque eso no parará, en ningún caso, el plazo que le dio para iniciar el embargo.
Este proceso iniciará con una averiguación patrimonial del imputado, en el que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que dispone.
Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones.
En el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.
Además de los 16 millones exigidos a Blesa, Andreu impuso otros tres millones de fianza a su sucesor, Rodrigo Rato, que también piensa recurrir esta decisión.
Esta materia aparece regulada en el artículo 42 de la Ley Hipotecaria o los artículos 141 y 142 del Reglamento Hipotecario relativos a las anotaciones preventivas de derechos en los registros y los embargos de bienes inmuebles.
Según el auto por el que el juez ordenó esta medida, los dos «consintieron» y «propiciaron» el uso indebido de fondos de la entidad mediante este sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para «evitar» los controles tanto de los auditores como de los órganos supervisores.
Tras interrogarles como imputados, el juez estableció estas fianzas de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25 % que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.
