El Sindicado Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Sevilla contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de los funciones de los funcionarios y malversación de como mínimo 980 millones.
En rueda de prensa, el presidente del SAF, José Manuel Mateo, ha explicado que la Junta ha incumplido su propia ley de reforma del sector público de 2011, de forma que los empleados de las agencias empresariales -creadas en virtud de dicha normativa- han desempeñado los trabajos que son potestad de los funcionarios como la tramitación de subvenciones y la adjudicación de contratos.
El SAF cifra en un mínimo de 980 millones la cantidad en subvenciones y en adjudicación de contratos realizada en los tres últimos años por empleados públicos, no funcionarios, de siete agencias empresariales de la Junta, y este cálculo se basa en un muestreo a través de las subvenciones publicadas en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y de las plataformas públicas de contratación.
El presidente del SAF ha denunciado que la Junta ha creado una «ingeniería jurídica para dar apariencia de legalidad a lo que es inconstitucional como es la ley del enchufismo o a la administración paralela» y, por ello, el objetivo de esta denuncia es «desenmascarar el entramado jurídico de los entes instrumentales».
La denuncia se dirige contra 42 altos cargos de la Junta, de los que 26 son de la administración general y tienen rango de viceconsejeros y secretarios generales técnicos por ser los responsables de personal, y contra 16 gerentes de agencias públicas empresariales.
Este sindicato inició en 2011, cuando la Junta aprobó la reforma del sector público, una batalla legal contra dicha ley por entender que se daba carta de legalidad a la administración paralela, y desde 2011 ha presentado más de 150 denuncias en diferentes ámbitos judiciales -contencioso administración y penal-, que ha ganado casi todas, según el presidente del SAF. EFE
