El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una fianza de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto «conseguidor» David Marjaliza.
El magistrado ha acordado también libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros respectivamente para Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba, y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla. Estos dos imputados disponen de 10 días para depositar la garantía y eludir la cárcel. Para los otros seis imputados que declararon este miércoles, el magistrado decretó libertad sin medidas cautelares, aunque siguen imputados.
El magistrado tomó declaración a lo largo de la jornada a 12 de los 17 detenidos que tenía previsto por la trama de comisiones ilegales, encabezada por el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, que pasaron a disposición judicial.
El magistrado ha adoptado estas medidas a petición de la fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que ha tomado declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la ‘operación Púnica’, de la que formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.
En el caso de Parla, el juez investiga los contratos que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento de Parla. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Ayuntamiento adjudicó en julio de 2013 un contrato de «servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)» por valor de 54,7 millones de euros y una duración superior a 15 años.
CINCO A PRISIÓN HASTA QUE DECLAREN
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tenía previsto interrogar este miércoles a 17 de los 35 detenidos aunque poco antes de las 21.00 horas ha decidido aplazar la declaración de cinco de ellos y ha ordenado su ingreso por orden judicial en la cárcel de Soto del Real (Madrid).
Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano.
Declararán este jueves junto a otros 12 arrestados, para los que el juez también ha dictado la orden judicial de prisión. A ellos podría sumarse el guardia civil detenido este miércoles por avisar a Granados de la operación. Los cinco detenidos restantes han quedado en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil.
PREGUNTAS SOBRE GRANADOS
Según fuentes jurídicas presentes en las declaraciones, el juez Velasco ha preguntado a los imputados si Granados influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno.
Del mismo modo, ha querido saber si los alcaldes imputados se llevaban este porcentaje por cada una de las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban. La minuciosidad del juez, según las citadas fuentes, ha llegado al punto de preguntar por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en la que supuestamente se cerraban las adjudicaciones.
POSIBLES DELITOS
Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.
