La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria ha exigido un pacto de Estado «inmediato» para frenar el deterioro institucional que incluya la modificación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para alejar a los grupos políticos de la elección de los vocales; la reducción del número de aforados y un mayor control sobre los gastos electorales.
Ante la situación de «máxima alarma» por el «espectáculo de degeneración» que muestran las instituciones, la asociación Francisco de Vitoria ha emplazado a cerrar «de forma absoluta la posibilidad de que, aun de forma indirecta, el poder político pueda elegir el juez que eventualmente haya de juzgarles», en referencia a la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial.
A su juicio, si los grupos parlamentarios siguen interviniendo en la designación de los vocales de este órgano se debilitará al Poder Judicial, «único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad».
Además, ha instado a incrementar de forma inmediata el presupuesto destinado a Justicia para elevar el número de jueces, a dotar de más medios materiales a los funcionarios que investigan la corrupción y a acometer varias reformas legislativas. Entre ellas, ha propuesto cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar las causas penales y dar una correcta regulación a las intervenciones telefónicas y otras técnicas de investigación.
Para la asociación, es necesario reformar la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia, revisar el Código Penal para tipificar como delito la financiación ilegal de partidos políticos y revisar la estrategia de lucha contra el fraude para que sea más eficaz.
Francisco de Vitoria ha apostado también por disminuir el número de aforados en el ámbito de los cargos públicos de carácter político que además deberá limitarse «única y exclusivamente» a los delitos que puedan cometer en el ejercicio de su cargo.
Finalmente, ha recomendado establecer como competencia de la Junta Electoral Central el control de los gastos electorales y acometer una profunda reforma del Tribunal de Cuentas que lo despolitice y que lo dote de los medios personales y materiales adecuados.
