Los jueces demandan al Ministerio de Justicia y al CGPJ por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios
Jueces para la Democracia ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por «la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados» y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción.
Tras presentar la demanda en la Audiencia Nacional, el portavoz de Jueces para la Democracia ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que esta demanda de conflicto colectivo contra el ministerio de Justicia y contra el Consejo General del Poder Judicial es porque «consideramos que es especialmente grave la situación de la administración de Justicia por la falta de medios y por la sobrecarga de nuestros órganos judiciales para poder cumplir sus funciones constitucionales, lo que afecta especialmente a causas complejas como los procedimientos por corrupción. Hay que tener en cuenta que las tramas corruptas disponen de más medios para poder eludir la acción de la justicia de los que dispone la sociedad. Esto no es aceptable».
Bosch ha recordado que «Hay muchos datos que muestran que esta situación de sobrecarga es inasumible. Hace poco falleció un magistrado de lo Social en Madrid por un infarto. Y esa misma mañana tenía que celebrar 20 juicios y su juzgado estaba trabajando al doscientos por cien de la carga razonable y esto es un problema estructural. Y estas son las condiciones en las que trabajan la mayoría de los jueces de nuestro país», ha resaltado.
Durante su comparecencia ha incidido en que «estamos a la cola de jueces por habitante en el ámbito europeo, por detrás de países como Albania o Moldavia. También estamos a la cola en la inversión en Justicia«. Señalando que «es sintomático que tengamos en Europa el número más elevado de personas investigadas por corrupción y, al mismo tiempo, estemos a la cola en el número de jueces por habitantes».
Para Jueces para la Democracia invertir en justicia y resolver estos problemas no solo es positivo para el Estado de Derecho y para los derechos de la ciudadanía, también es necesario para impulsar la actividad económica de este país. «En estos momentos hay más de 14.000 millones de euros retenidos en consignaciones de los juzgados. Esto supone unos 3 billones de las antiguas pesetas. No puede ser que en un momento de estancamiento económico estas cantidades estén retenidas sin contribuir a la dinamización económica y social del país».
Bosch ha querido dejar claro ante los periodistas que, esta misma mañana, le ha llamado la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, para «transmitirme su voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos en esta y otras materias» a la vista de que la demanda se presentaba. «Nos ha trasladado la voluntad del ministro de abrir un diálogo constructivo para solucionar estos problemas. Desde Jueces para la democracia agradecemos esta voluntad de diálogo, nosotros estamos por la labor, pero creemos que ha llegado el momento de pasar del talante a los hechos. Y además de palabras positivas se empiecen a tomar medidas de verdad», ha puntualizado.
En conclusión, ha insistido en que «somos el único colectivo de empleados públicos sobre el que no se toman medidas de prevención y, por ello, toda esta demanda está enfocada a que se trabaje en condiciones, a que haya medidas contra los riesgos laborales, a que se determine cuál es la carga real de los juzgados. Emplazamos al Gobierno para que cree los juzgados y los medios para solventar estos problemas«.
A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han «incumplido» sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la «más absoluta desprotección». Por ello, solicita que se declare la obligación de ambos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.
En la demanda que han presentado ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, dentro de la prueba testifical, se pide que sean citados al acto del juicio los jueces y magistrados siguientes: Margarita Robles Fernández, Carlos Hugo Preciado Doménech, Gloria Pyatos i Matas y Javier Martinez Derqui.
Corrupción
Joaquín Bosch ha insistido en que «no es razonable y no tiene equivalentes en Europa que una causa penal sobre corrupción esté más de 10 años esperando a que se dicte una sentencias». Todo eso transmite a la sociedad una sensación de impunidad. «Entre los corruptos se observa, en muchas de las grabaciones que se han interceptado, que existe una sensación de impunidad, de que realmente la justicia no tiene instrumentos para poder perseguirles«. Para cualquier causa de posible corrupción, uno de los medios disuasorios más importantes es que los presuntos delincuentes sepan que si delinquen van a ser indudablemente perseguidos y condenados. Y esta percepción ni la tienen los corruptos, ni la tiene desgraciadamente la sociedad. Y, por tanto, hay que cambiarla.
«El compromiso de los jueces españoles contra la corrupción es indiscutible. Si hay centenares de imputados por corrupción es porque hay centenares de jueces que con grandes dificultades y con pocos medios están haciendo un gran esfuerzo para hacer avanzar esas causas. Los jueces no quieren que se retrasen voluntariamente las causas. La pelota está en el tejado del gobierno que invierta todo lo necesario para esto porque esa es su responsabilidad», ha concluído.
Balance de un año del CGPJ
«Este CGPJ lo diseñó el ministro Gallardón como un instrumento de control a la independencia judicial», según Bosch. Y ha asegurado que se configuró a través de un «pacto entre las distintas fuerzas políticas», que todas aceptaron este marco, y «el resultado de la evolución del Consejo es el esperable». «En líneas generales es un Consejo poco crítico ante la situación que acabo de describir», aunque fue más allá al señalar que «la crítica más importante que se puede hacer al Consejo es no haber actuado como el máximo representante de uno de los poderes del Estado en defensa de sus legítimos intereses como propio poder de Estado«, resaltó.
