Ángel Cervantes, decano del ICA Toledo, explica sus orígenes y el porqué decidió hacerse abogado. La vocación la encontró en el camino.
Entrevista | Ángel Cervantes, decano del ICA Toledo: «Se necesita un sistema para prevenir retrasos en pagos al turno de oficio»
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02/5/2024 06:33
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Actualizado: 06/5/2024 12:00
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Es decano del Colegio de la Abogacía de Toledo (ICA Toledo) desde hace seis años. Ángel Cervantes Martín se encuentra en su segundo mandato, en el que fue revalidado como candidato único, sin oposición, a finales de 2022. Cuando un decano encara un segundo mandato y no tiene rival alguno dice mucho de su gestión.
Ángel Cervantes tiene un don natural: carisma. Sabe comunicar y llegar a las personas. Posiblemente si hubiera querido dedicarse a la política el éxito habría sido su compañera. Porque posee esa empatía de la que adolecen algunos de nuestros dirigentes políticos nacionales.
En esta entrevista, hecha en clave personal, desvela quién es, de dónde viene, dónde se encuentra y qué es lo que le preocupa.
¿Apedillarse Cervantes condiciona? Lo digo por eso del dominio de las letras y por llevar el apellido del más grande escritor español de la historia.
Eso de llevar un apellido Ilustre marca y deja huella. Obviamente es una broma. Pero si que es verdad que es más recognocible que otros apellidos, y en otros foros me llaman por mi apellido. Espero que no me pase como Alonso Quijano que, de tanto leer, acabe enloqueciendo y creyendo que soy un caballero andante, y me nombre a mi mismo como Don Quijote de la Mancha.
¿Cuándo, en qué momento, decidió que quería ser abogado y por qué?
Tuve una vocación tardía. Dejé de estudiar tras obtener el bachiller superior. Tras hacer, como voluntario, el servicio militar y estar un tiempo ayudando a mi padre en las tareas agrícolas, decidí opositar. Mi primer trabajo fue Policía Municipal, allá por 1985.
Fue aquí cuando me decidí a presentarme a otras oposiciones y comencé a estudiar en la Facultad de Derecho simultaneándolo con mi trabajo
No viene usted, por lo tanto, de una familia de abogados.
No, no tengo ningún familiar que se dedique a la Abogacía, ni a la Procura, ni en la Judicatura.
Usted opositó a la Administración pública. Fue jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo y director de Área de Cooperación, Infraestructuras y Obras de la Diputación Provincial de Toledo.
Sí, en aquellos años tenía madera de opositor. Y superé 4 oposiciones: policía local, después auxiliar administrativo, luego administrativo jefe Negociado, y la última la del Cuerpo Superior Jurídico. En todas ellas estoy en excedencia voluntaria desde hace muchos años.
¿Cuál ha sido su mayor logro durante su carrera en la Administración Pública?
Recuerdo como una época muy interesante mis años como jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo: la aprobación del Plan Especial del Casco Histórico, la tramitación del nuevo Plan de Ordenación Municipal.
Tuve la ocasión de asistir a dar conferencias a varias ciudades para explicar las cuestiones relacionadas con el Casco Histórico y las obras que allí se realizaron (remonte o escaleras mecánicas, etc.)
¿Por qué dio el salto al ejercicio de la abogacía?
Pues quizás el contacto que había tenido previamente en aquellos años en la Administración, me hizo probar fortuna. Solicité excedencia y abrí mi propio despacho que al principio estuvo muy vinculado al derecho administrativo en general, y al derecho urbanístico en particular, pero que hoy, tras el transcurso de tantos años, el despacho ha evolucionado y podríamos decir que es multidisciplinar.
En la actualidad tengo abierto el despacho en Mora, mi localidad natal, y también aquí en Toledo, en la capital.
¿Fue este pasado suyo de funcionario el que le empujó a especializarse en Derecho Urbanístico y Derecho Administrativo?
Sí, como ya he dicho ese contacto que tuve tan intenso en la Administración Local con estas materias fue lo que motivó que me especializara. Curiosamente durante la oposición eran los temas que menos me atraían, pero finalmente terminé “enganchado” al derecho urbanístico, y he participado en la formación de los secretarios e interventores en esta materia.
He impartido clases en el Máster de la Universidad de Extremadura; y he sido muchos años profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo. También en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde, además de impartir docencia en Derecho Administrativo, también impartí varios años la asignatura optativa de Derecho Urbanístico y Vivienda.
Actualmente usted es socio director de la firma Cervantes y Abogados y decano del Colegio de la Abogacía de Toledo. Un puesto, este último, que no está remunerado. ¿Por qué decidió dar este paso?
En lo que respecta al despacho soy el fundador y titular único del despacho, si bien somos un total de 6 abogados en la firma.
Respecto a ser decano de mi Colegio he de decir que nunca entró en mis planes. Sí que quería colaborar en las tareas colegiales, y de hecho fui varios años diputado 5º y después vicedecano, pero fueron realmente los compañeros de Junta de Gobierno los que, al decidir mi antecesor que no volvía a presentarse tras dos mandatos, me animaron y me empujaron a presentarme.
Dicho esto, he de decir que es una de las experiencias más bonitas. Este es mi segundo mandato, y a pesar de que no todo es un camino de rosas, por la pandemia, las huelgas, los impagos del turno de oficio…, me quedo con lo bueno del ejercicio del Decanato del cual he aprendido mucho y tengas muchas vivencias que, de otra forma, no habría tenido.
¿Podría compartir alguna experiencia significativa que haya tenido al asesorar a Ayuntamientos y Administraciones Públicas?
Pues es una materia a la que mi despacho se lleva dedicando desde su nacimiento. Asesoramos a muchos Ayuntamientos, Diputaciones, y otras Administraciones Públicas.
Estos años de atrás, antes de la crisis, asesoramos jurídicamente a las entidades locales para la aprobación de nuevos desarrollos urbanísticos, especialmente en la zona de La Sagra, en la provincia de Toledo, que ha dado lugar a la implantación de grandes multinacionales.
También somos el equipo jurídico de un organismo autónomo encargado de la gestión y recaudación tributaria a nivel provincial, y nos hace estar muy en contacto con la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, como por ejemplo en materia del impuesto de plusvalía municipal y otros tributos.
¿Qué desafíos encuentra en el Derecho Laboral y de Seguridad Social en comparación con el Derecho Concursal?
En materia de derecho laboral actualmente tenemos dos grandes desafíos en los despachos en general: los procedimientos seguidos contra las distintas Administraciones Públicas interesando la declaración de fijeza de los empleados –con contrato laboral temporal o funcionarios interinos- y que el Tribunal Supremo no admite en su constante y reiterada jurisprudencia, ello a pesar de las últimas sentencias del TJUE (la última la de 22 de febrero de 2024).
Y de otro lado, sobre las exiguas indemnizaciones en los supuestos de despidos improcedentes sobre todo a la luz de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
En la provincia de Toledo, ya en el 2023, y también en los meses transcurridos de este 2024, la entrada de asuntos en materia laboral se ha incrementado notablemente, según me indicaban las propias magistradas de los Juzgados de lo Social. Y lo que es peor aún, muchas de estas extinciones de contratos terminan siendo indemnizadas por el FOGASA, bien por la insolvencia de la empresa, o bien porque incluso ya han sido declaradas en situación de concurso de acreedores.
¿Cómo ha influido su experiencia como administrador concursal en su enfoque legal general?
Pues es una materia que siempre hemos llevado en el despacho, pero si es verdad que tras la crisis inmobiliaria/financiera de 2008, al final muchas de las empresas que eran clientes del despacho en materia urbanística se vieron afectados por la misma, y pasamos de asesorarles en el desarrollo de actuaciones urbanizadoras (PAUS), a presentarles un concurso voluntario.
Fue la cara y la cruz.
«Hemos visto recientemente como el propio Ministerio ha mejorado económicamente a los letrados de la Administración de Justicia y otros grupos de funcionarios. Cuando hay voluntad las cosas salen adelante. A lo mejor debemos ser más contundentes a la hora de exigir en lo que al turno de oficio se refiere»
¿Se ha repuesto la abogacía de su provincia de las huelgas de los LAJ y de los funcionarios de justicia?
A decir verdad la provincia de Toledo, como todas, se ha ido recuperando poco a poco de las huelgas padecidas el año 2023. Hay que recordar que, entre LAJ y funcionarios de la Administración de Justicia, estuvimos prácticamente parados todo el primer semestre de dicho año.
Poco a poco se ha ido normalizando, y espero y deseo que no haya más huelgas, por el bien de la profesión y sobre todo por el bien de los propios justiciables que son quienes finalmente sufren estos retrasos.
¿Y cómo valora el Real Decreto-ley 6/2023 del Gobierno? ¿Se va a completar el rompecabezas digital diseñado por el Ministerio o tiene dudas?
Como sabemos antes de disolverse las Cortes Generales teníamos sobre la mesa los 3 proyectos de ley de eficiencia en la Administración de Justicia: la de eficiencia procesal, la organizativa y la digital.
Al final solo ha visto la luz parte de estas reformas a través del Real Decreto ley 6/2023, que viene a recoger, de un lado, medidas para promover y facilitar la intervención telemática de los ciudadanos en las actuaciones judiciales –se potencia el Expediente Judicial Electrónico por ejemplo–, y de otro, introduce las reformas en las distintas leyes procesales como medidas de agilización de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales.
Poco a poco se va completando ese rompecabezas pero aún nos queda por ver el resultado práctico de esta reforma.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha comprometido con el Consejo General de la Abogacía Española a aprobar una nueva ley de Justicia Gratuita. Una de las reivindicaciones del CGAE es que en toda España se pague lo mismo a los abogados que hacen este servicio. ¿Lo ve factible?
Es una vieja reivindicación del CGAE, y hemos podido comprobar como dentro del Plan Anual Normativo del Gobierno para 2024 está incluida la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, aunque se piensa cambiar su denominación sustituyendo “gratuita” por “universal” o algún término parecido.
El texto actual, la Ley 1/996, tiene casi 28 años y se ha quedado obsoleto, de ahí que sea necesario un nuevo texto actualizado y acorde a los tiempos que concurren. De hecho, acabamos de celebrar en Valladolid, los pasados 18 y 19 de abril, las VIII Jornadas de Justicia Gratuita, bajo el lema “La nueva Ley, una urgente necesidad”.
También es una vieja reivindicación, -entre otras muchas- la homogenización de las indemnizaciones que percibimos los letrados del turno de oficio, y esa uniformidad debe consistir en equilibrar el desajuste actual entre lo que se percibe en las Comunidades Autónomas con la competencia de justicia transferida, y aquellas Comunidades que no la tienen, y que siguen dependiendo del Ministerio de Justicia, donde las indemnizaciones son exiguas, y llevan sin ser actualizadas desde 2018.
Es de reseñar que solo el incremento experimentado en estos 6 años alcanza un 20 % aproximadamente. Dicho esto, y para ser realista, veo bastante complicada esa “igualación” al alza de los baremos de los territorios que dependemos del Ministerio de Justicia –Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Islas Baleares, y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, porque es una cuestión económica de mucho alcance–.
Ahora bien, hemos visto recientemente como el propio Ministerio ha mejorado económicamente a los letrados de la Administración de Justicia y otros grupos de funcionarios. Cuando hay voluntad las cosas salen adelante. A lo mejor debemos ser más contundentes a la hora de exigir a lo que el turno de oficio se refiere.
El proyecto de Ley del Derecho de Defensa ya está en el Parlamento. ¿Qué espera de bueno de esta nueva legislación para abogados y ciudadanía?
Este proyecto es de los que más avanzados. El pasado 2 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, una vez aprobado el Anteproyecto por el Gobierno en Consejo de Ministros, y en estos momentos se encuentra pendiente del Dictamen de la Comisión de Justicia.
Es un texto normativo muy esperado que pone el foco en los ciudadanos, pero también en los profesionales de la abogacía.
El texto deriva directamente del artículo 24 de la Constitución Española, y contempla la defensa letrada como un mecanismo de protección igualitaria. Diría que el nuevo texto da un paso más en materia de justicia gratuita, y no solo las personas que acreditan insuficiencia de recursos económicos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, sino que lo extiende a aquellas personas en situaciones de especial vulnerabilidad cuando lo tengan reconocido legalmente.
Recoge un elenco de derechos a las personas, tales como a la asistencia jurídica, a la elección, renuncia y sustitución en la asistencia jurídica, a la información, a ser oídas, a la calidad de la asistencia jurídica recibida, así como una serie de derechos ante los Tribunales y en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Pero el nuevo texto, como ya he dicho, también recoge una serie de garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho de defensa que alude directamente a nuestra profesión, recogiendo como cierta novedad la obligatoriedad de formalizar por escrito la hoja de encargo profesional siempre que lo solicite el ciudadano, y refuerza la garantía de confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional ya recogidos en nuestro vigente Estatuto General de la Abogacía.
«El proyecto de Ley del Derecho de Defensa es de los más avanzados. Es un texto normativo muy esperado que pone el foco en los ciudadanos, pero también en los profesionales de la abogacía»
Dentro de la abogacía hay asociaciones que defienden que la colegiación no sea obligatoria. ¿Cuál es su punto de vista?
Vaya por delante que hoy la colegiación es obligatoria porque así lo establece el artículo 544.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, y nuestro propio Estatuto General de la Abogacía, es decir hoy no es posible poner en duda esta obligatoriedad.
Dicho esto, creo firmemente que, al margen de la obligación legal, en nuestra profesión la colegiación tiene que seguir siendo obligatoria, porque los Colegios, y el propio Consejo, debemos velar por la ordenación de la profesión y por la deontología profesional.
En mi opinión, siendo como somos una pieza esencial en el funcionamiento del Poder Judicial y en la satisfacción del derecho fundamental a obtener tutela judicial efectiva, nuestro ejercicio profesional tiene que seguir siendo supervisado por la organización colegial, pues así lo ha querido el legislador.
Usted pertenece a lo que se denomina Territorio Ministerio, donde los retrasos en el abono del turno de oficio llegan a los 3 o 4 meses. Sé que es algo que le preocupa y que tiene una sensibilidad especial hacia esta problemática. De hecho, usted forma parte de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. ¿Hubo algún tiempo anterior que fue mejor y qué solución le ve a esto?
Esto es algo endémico y repetitivo. Ahora, hace escasos 10 días hemos percibido las indemnizaciones que corresponden a las actuaciones realizadas por los compañeros durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, así como las de enero y febrero de 2024.
Más de 5 meses sin pagar el Ministerio. Hay muchos compañeros que no pueden aguantar estos retrasos. Es algo que se repite al finalizar el año, todos los años, uno tras otro.
No creo que sea tan difícil articular un mecanismo, aunque se trate de una subvención que lleva aparejada unos trámites burocráticos, para eliminar de una vez por todas estos retrasos que tanto daño hacen a la economía de los abogados y abogadas que presten este servicio con unos niveles altísimos de calidad.
Si acudimos a las Comunidades Autónomas que tienen transferida esta competencia, y en consecuencia tienen firmados Convenios con sus respectivas Consejerías de Justicia, vemos como muchas de ellas lo que perciben son anticipos a cuenta, y luego proceden a la regularización cuando cierran el ejercicio económico.
No sé por qué no se puede aprobar algún tipo de instrumento parecido para evitar estos retrasos que padecemos en los cierres de cada ejercicio en el llamado territorio común. Se necesita un sistema para prevenir retrasos en pagos al turno de oficio.
¿Se atreve a opinar sobre el conflicto de la Mutualidad?
Es un tema complejo debido a que hay mutualistas alternativos y mutualistas complementarios. Por simplificarlo mucho, digamos que no afecta por igual el conflicto a unos y a otros.
El problema principal está focalizado en un grupo importante de mutualistas (los que se jubilan ahora y en los próximos 8-10 años) donde sus pensiones garantizadas están por debajo de lo que percibiría un compañero que esté en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) con su misma antigüedad.
Desde el CGAE se apoyó la solicitud de la famosa “pasarela” de los mutualistas al RETA dependiente del Ministerio de Seguridad Social.
Y según las últimas declaraciones de la ministra, quiere que los abogados afiliados a la Mutualidad paguen más sin recibir más prestaciones, y que solo los considerados “vulnerables” anteriores al año 1996 puedan pasar a ser autónomos.
La justificación dada es que los más veteranos son los únicos que no tuvieron la opción cuando se colegiaron de optar por ser autónomos. Sinceramente, no me convence la salida que quiere dar el Ministerio.
Ojalá se llegue a una solución de consenso y que no deje a nadie por el camino, porque es muy triste que después de muchos años de ejercicio profesional, cuando más lo necesitas, que tu pensión no llegue a unos mínimos vitales, no podemos consentir que muchos compañeros queden con pensiones de 400-500 euros.
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