¿Qué es el Abogado del Estado y cuál es su función?
En los últimos meses hemos oído hablar mucho de la figura del Abogado del Estado, o más específicamente, de la Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, jefa suprema de este cuerpo jurídico del Estado que depende directamente del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Si se lo ordenaran, ella podría presentar la querella contra Artur Mas.
El pasado 29 de septiembre, Silva de Lapuerta -que tiene rango de subsecretaria- y su equipo del Ministerio, ocupó los titulares de todos los medios porque fue la que presentó dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre.
La intervención de esta figura también fue crucial para lograr la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca, por parte de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, en 2008.
Pero ¿qué es, exactamente, un abogado del Estado? Los abogados del Estado son el cuerpo jurídico de la Administración Pública. Y tal como determina el artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados del Estado, son los encargados de la representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos ante los Tribunales en cualquier tipo de pleito en los que éstos intervengan como parte.
Para entendernos mejor. Un abogado del Estado no es ni más ni menos que un abogado al servicio de la Administración pública que vela por la defensa del interés general. No puede escoger al cliente ni tampoco los casos que se le presentan. Pero salvo eso, su función es similar a la de cualquier otro abogado: esto es, defender en juicio a su cliente y rendirle asesoramiento jurídico. Aunque los abogados del Estado tienen una mayor vocación de servicio público.
Los letrados del Estado están considerados como un cuerpo de élite dentro de la Administración de Justicia y son muy codiciados por los grandes despachos de abogados de nuestro país. Sin embargo, casi todos realizan una función callada, personándose en aquellos procedimientos en los que el Estado sea parte interesada, bien como defensa, bien como acusación.
Así, actúan como acusación particular, cuando el Estado resulta perjudicado en un proceso, como ocurrió en el juicio por los atentados del 11-M, en el caso Prestige o la citada ilegalización de ANV y PCTV. Asimismo, podrían hacerlo en el caso de la consulta del 9N. Sólo tienen que recibir la orden del Gobierno.
Pero también pueden ejercer como defensores, cuando, por ejemplo, un funcionario del Estado sea acusado por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, siempre que haya actuado conforme a la legalidad o cumpliendo órdenes de la autoridad competente. Los abogados del Estado también actúan como defensores en aquellos supuestos en los que el Estado pueda ser condenado como responsable civil subsidiario.
La figura del Abogado del Estado se remonta al Real Decreto de 11 de marzo de 1881, donde ya se establecían sus dos funciones principales, que aún hoy sigue desempeñando con bastante éxito: asesorar al Estado y representarle legalmente.
La actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es abogada del Estado, al igual que la secretaria general del PP, y presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. También lo fue el ex presidente de Banesto, Mario Conde.
