Adolfo Prego: «La querella archivada contra Álvarez-Buylla no tenía ninguna base»
Antonio Álvarez-Buylla, el sustituto de Mercé Pigem -la vocal dimisionaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- no tiene ningún impedimento para asumir su nueva obligación en el órgano de gobierno de los jueces porque ha quedado demostrado que “la querella archivada no tenía ninguna base sobre la que sostenerse”, según Adolfo Prego, abogado del decano del Colegio de Procuradores.
“El problema radicó en que, desde el Colegio de Procuradores de Madrid, se envió al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una versión del Estatuto Profesional del Procurador anterior a la que fue aprobada. La secretaria envió la versión quinta en vez de la sexta, la definitiva”, explica Prego, que, además, es magistrado en excedencia del Tribunal Supremo y socio principal de Prego Abogados.
“El Colegio de Procuradores publicó la versión correcta en su página web desde el primer momento. Fue un error administrativo claro y una evidencia de que no hubo mala fe, lo que probó la temeridad de la querella presentada”, añade. “Por ello su archivo ha seguido la lógica esperada”.
Álvarez-Buylla, por lo tanto, tiene el camino libre para convertirse en el vocal número 21 de este Consejo.
“En el caso de que la otra parte recurra por tercera vez el archivo de la querella”, sigue explicando Prego, “el órgano que tendrá que decidir no será la Audiencia Provincial de Madrid, como hasta ahora, sino la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya que Álvarez-Buylla, como miembro del CGPJ, será aforado”.
El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid archivó el pasado 27 de noviembre –por segunda vez- las actuaciones abiertas contra Álvarez-Buylla y contra Ramiro Reynolds Martínez, secretario del mismo Colegio, que promovió la Asociación en Defensa del Procurador, por un supuesto delito de falsedad documental en grado de tentativa.
Esta asociación acusó a ambos de haber modificado un artículo del citado Estatuto que afectaba a las cuotas que los procuradores pagan al Colegio. Álvarez-Buylla y Reynolds, desde su punto de vista, habrían añadido un párrafo sobre el texto aprobado por la junta general, estableciendo un sistema de cuotas variables con las que cada procurador pagara en función de lo que ganara.
“Nada de eso es cierto”, remacha Prego. “Se actuó como era de esperar, con claridad y transparencia. Fue un simple error administrativo. Esto no tiene más recorrido”.
