El Gobierno pretende ampliar las circunstancias excepcionales en las que el ministro del Interior puede ordenar intervenciones de comunicaciones —telefónicas y de otro tipo— sin autorización judicial previa, según el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en el Consejo de Ministros.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, espera que su decisión de ampliar las circunstancias excepcionales para que el Ministerio del Interior pueda ordenar escuchas sin permiso judicial en delitos graves no genere polémica y ha descartado que esta medida, incluida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, convierta a España en «un Estado policial»
En el anteproyecto se afirma que “en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente”; además se añaden “otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de comunicaciones”. En todos estos casos, el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, “podrán acordar la medida de investigación pertinente”.
Añade que esa medida deberá ser comunicada al juez después, “en el plazo máximo de 24 horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de esa medida».
El titular de Justicia ha mostrado su sorpresa por que de todas las novedades recogidas en el anteproyecto ésta haya sido la que más haya llamado la atención. En todo caso, ha querido dejar claro que lo que pretende el Gobierno es dar base legal al tema de las escuchas para asuntos graves.
El ministro ha insistido en que se trata de una medida dotada de «tanta excepcionalidad» y «tan singular» que no puede pensarse que España pueda convertirse en «un Estado policial» y, por ello, confía en que el asunto no genere mucha polémica.
Tras desvelar que ya hablado de éste y otros asuntos incluidos en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal con los jueces, Catalá ha querido dejar claro, no obstante, que la propuesta del Gobierno se encuentra en una primera fase puesto que aún resta que sobre ese borrador de la futura ley se pronuncie el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
