Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Andrés Martínez Arrieta son el juez titular y el sustituto del CNI. Cuando corresponde, uno u otro, deciden si una operación que implica la vulneración de derechos fundamentales tiene luz verde o no. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal.
Dos jueces del Tribunal Supremo controlan las operaciones del Centro Nacional de Inteligencia
Dos jueces del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Andrés Martínez Arrieta, supervisan las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Para muchos esto es poco menos que imposible, «como cuadrar el círculo». Sin embargo, este círculo «se cuadra» cada semana de forma muy discreta de la forma que contamos aquí.
Lo que está en juego son los derechos fundamentales de la persona. Específicamente los contenidos en el artículo 18.2 de la Constitución, que dice que «el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.
Y el 18.3, que «garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
El control judicial se realiza mediante la Ley Orgánica 2/2002 de 6 de mayo, reguladora del control judicial del CNI.
UN MAGISTRADO TITULAR DA EL VISTO BUENO A LAS OPERACIONES, O NO
Esta Ley establece que es un magistrado del Tribunal Supremo el que está específicamente encargado del control judicial de las actividades del servicio de inteligencia. O mejor dicho, son dos magistrados, un titular y un suplente.
En la actualidad, Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, y Martínez Arrieta, compañero suyo, pero de la Sala de lo Penal, cumplen esta función.
El mandato de cada uno de ellos es por 5 años. Ambos son nombrados por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.
Lucas Murillo de la Cueva es miembro del Alto Tribunal desde 2001. Accedió por el quinto turno, el de magistrados de reconocida competencia. Fue jefe de Gabiente de uno de los presidentes más carismáticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Javier Delgado Barrio -luego magistrado del Tribunal Constitucional-. Desde 2009 es el juez titular del CNI y tiene 68 años.
Martínez Arrieta, por su parte, llegó al Tribunal Supremo en 1998. Ingresó en la carrera judicial en 1979 por oposición. Estuvo destinado en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia (80-81), Lerma (81-83), Móstoles (1983) y en el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid (83-88), si bien entre 1980 y 1985 fue vocal dl primer Consejo General del Poder Judicial. Entre 1998 y 1989 sirvió en la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7 de lo Penal y ese mismo año pasó a ser magistrado del gabinete técnico del presidente del Tribunal Supremo. En 1998, con 43 años, se convirtió en el juez más joven en ingresar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al recibir el apoyo de 11 de los 18 vocales del CGPJ.
ASÍ SE PIDE PERMISO PARA REALIZAR OPERACIONES DE ESPIONAJE
El sistema funciona de la siguiente forma: cuando el CNI necesita entrar en un domicilio o intervenir las comunicaciones (carta, telégrafo, teléfono, móvil, sms, whatsApp…) de cualquier sospechoso, la directora general del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, envía un mensajero con toda la documentación necesaria al magistrado disponible en ese momento –el titular puede estar de viaje, o enfermo o en cualquier otra situación que no le permite atender a la petición-.
En el mencionado documento se explicita las medidas que se solicitan, los hechos en que se apoya la solicitud, los fines y razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas, la identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, que no podrán exceder de 24 horas en el caso de la entrada en domicilio, y 3 meses para la intervención e interceptación de las comunicaciones.
El «magistrado del CNI» estudia con detenimiento las peticiones.
Estos dos magistrados no son como jueces de instrucción al uso. Tienen el “chip” cambiado. Porque los fines de una investigación criminal son diametralmente distintos a una investigación del Servicio de Inteligencia.
La investigación de un delito se lleva a cabo para conseguir pruebas que acrediten la comisión delictiva. Su finalidad es, por lo tanto, incriminadora y la llevan a cabo agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La investigación está, por lo tanto, judicializada.
La investigaciones del CNI tienen objetivos muy distintos y los resultados son vitales para el Gobierno de la nación.
Se resumen en facilitar al presidente del Gobierno de España “las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones” (según artículo 1 de la Ley 11/2002 de 6 de mayo reguladora del Centro Nacional de Inteligencia).
La visión de los dos «magistrados del CNI» –que es como se les conoce popularmente- posee, por lo tanto, una mirada superior, que tiene muy presente el bien general de los ciudadanos españoles.
Porque el CNI tiene que hacer frente a oscuras amenazas de diferente índole, como las terroristas, las energéticas, las económicas y, en resumen, todas aquellas que puedan desestabilizar a España.
Este servicio se integra dentro de la estructura general del Ministerio de Defensa, como un organismo público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tiene entre otras la función de «máximo asesor» del Poder Ejecutivo en cuestiones de seguridad e inteligencia.
Se rige por una “Directiva de Inteligencia”, que es secreta y que ha sido elaborada por el Gobierno.
Aparte de éste, sólo la conoce el CNI y los dos magistrados citados del Tribunal Supremo.
En algunos países, como Alemania, este control lo lleva a cabo una comisión parlamentaria –conocida como la G-10-, y en otros son órganos judiciales de diferente índole.
Muchos países de nuestro entorno envidian el sistema español de control judicial del CNI porque confiere un paraguas legal de actuación a nuestros agentes, paraguas que no siempre poseen los servicios secretos amigos, que tienen que operar en la ilegalidad.
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