Carmen Ventoso, abogada del supuesto ladrón del Códice Calixtino, arremetió contra el juez instructor José Antonio Vázquez Taín porque la actitud que mostró hacia su cliente durante el interrogatorio “contraviene la legalidad vigente en España” y “el derecho a la dignidad”.
Según la letrada, las preguntas que le hizo el juez las preguntas que le dirigió Vázquez Taín a José Manuel Fernández Castiñeiras fueron “sugestivas”, «repetitivas, argumentativas» realizadas «coartando al imputado», en lo que considera un trato «cuasidespectivo» al acusado.
Por ello, la abogada pidió al tribunal que juzga a Castiñeiras, a su esposa, Remedios Nieto Mayo, y a su hijo, Jesus Fernández Mayo, en la Audiencia Provincial de Santiago de Compostela, que declarara “la nulidad de todo” el proceso porque la instrucción está llena de “errores” y su defendido está viviendo un «guantánamo procesal».
“Mis defendidos no han tenido un juez imparcial”, afirmó. Por ello, la abogada entiende que debe aplicarse la doctrina del árbol envenenado: “la nulidad se extiende infectándolo todo”.
De acuerdo con Ventoso, un mes antes de la detención del exelectricista de la catedral de Santiago y de la emisión de un auto de entrada y registro en la casa de este, “personas desconocidas” entraron en su domicilio de O Milladoiro “forzando la entrada” y colocando en su interior “dispositivos de grabación”.
«Vigilaron y entraron, forzaron la cerradura y caminaron por el interior del domicilio. Unas personas que desconocemos tocaron lo que quisieron y no tendremos la certeza de que manipulasen los papeles o se llevasen alguna cosa. El escenario ya está contaminado», argumentó la letrada ante el tribunal profesional formado por tres magistrados.
De la misma forma, considera que la detención y registro de los domicilios y propiedades de los tres acusados fue «nulo de pleno derecho», dado que varios de los registros se excedieron de la hora programada en los autos, otros no contaron con autorización expresa y en el registro del trastero donde apareció el Códice no se contó con la presencia de los detenidos. «No tiene valor de prueba», ha aseverado.
El Ministerio Fiscal, por su parte, ha acusado a Fernández Castiñeiras de un delito continuado de robo con fuerza, otro delito contra la intimidad, un delito de robo con fuerza y un delito de blanqueo de capitales. Por todo ello, solicita al tribunal que lo castigue con 15 años de prisión y una multa de 300.000 euros.
Para la Remedios Nieto y Jesús Fernández el fiscal pide un año y medio de prisión y una multa idéntica, 300.000 euros, como autores de un delito de blanqueo de capitales. Si el tribunal considerara no probada esa acusación, el Ministerio Fiscal solciita seis meses de prisión por un delito de receptación.
Como responsabilidad civil, la Fiscalía pide dos millones de euros como indemnización para la Catedral de Santiago.
La Iglesia, por su parte, ejerce la acusación particular y solicita 16 años de prisión más que el fiscal: 31 años de cárcel. Lo que suman un delito de robo continuado con fuerza 7 años-, otro de robo con fuerza por la sustracción del Códice -5 años-, seis delitos contra la intimidad -2 por cada uno de ellos- y otro de blanqueo -7 años-.
Los abogados de la Iglesia solicitan, asimismo, siete años de prisión por el delito de blanqueo de capitales para la esposa y el hijo del electricista.
