Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha desestimado la solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) para que detenga a los 19 acusados por la juez argentina María Servini de crímenes cometidos durante el final de la dictadura de Franco. La APDHE no está legitimada para hacer tal petición.
Velasco no está legitimado, desde su punto de vista, porque el procedimiento de extradición se lleva a cabo entre Estados, en virtud del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre España y Argentina en 1987, así como de la Ley de Extradición Pasiva. No admite a terceros, como la APDHE.
En la LEP “no se contempla en momento alguno la legitimación de terceros en el proceso extradicional, toda vez que la única intervención prevista es la del representante del Estado requiriente, cuando así lo hubiere solicitado y el tribunal lo hubiere acordado, atendido el principio de reciprocidad”, dice el auto del juez Velasco.
En el auto, que es recurrible, el magistrado explica que este expediente se archiva, sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia curse una petición formal de extradición en caso de recibirla por el juzgado de Buenos Aires. «Esta cuestión es ajena a esta Audiencia Nacional, que solo participa en la parte judicial y no en la parte política del proceso extradicional», ha añadido.
En este sentido, se refiere al hecho de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires haya solicitado la detención de los acusados vía Interpol pero no haya remitido más documentación al Ministerio de Justicia sobre una petición formal de extradición.
La magistrada argentina Servini, imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.
Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.
En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.
A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además, imputó a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.
La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de «aterrorizar a españoles» por su ideología y de sustracción de menores.
