Los peritos de la Intervención General del Estado han afirmado ante la juez Mercedes Alaya que el Consejo de Gobierno andaluz conocía la ausencia de regulación que se producía en la concesión de los ERE, a los que han calificado como «fraudulentos».
Los peritos de la Intervención General del Estado han ratificado ante la juez Mercedes Alaya el informe clave para la acusación contra los 275 imputados, y se han opuesto al contrainforme del expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Los peritos han dicho que la ausencia de esta regulación y el uso inadecuado de las ayudas lo conocían, además del Consejo de Gobierno, la Intervención General de la Junta, las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda y el «consejillo» previo a los consejos de Gobierno.
Los peritos han basado sus afirmaciones, en un anteproyecto de ley de 2004 elaborado por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que se quedó sin aprobar en el «consejillo».
Además, se han referido a las distintas observaciones hechas por la Intervención al Consejo de Gobierno sobre el uso de las transferencias de financiación.
En este sentido, han aludido a la observación de la Intervención en el 2004 en la que alertaba de que no se usara el concepto de transferencia de financiación, sino de créditos para concesión de subvenciones, y se han referido a que el Consejo de Gobierno aprobaba controles financieros permanentes.
Los peritos también han dicho que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es «fraudulento» según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: «engañoso, falaz».
Los interventores (Jesús Ruiz Ayúcar, Eduardo Vilaseca, Ángel Turrión y Rosa Hernández Antón) estiman que la responsabilidad del sistema de pago del fondo, dotado con 855 millones entre 2001 y 2010, debe recaer sobre los responsables de las Consejerías de Empleo y Hacienda, y de la agencia pública Idea (pagadora de las ayudas), sin matizar nombres ni cargos concretos.
En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.
La juez ha citado de nuevo a las partes este jueves para la ratificación del informe.
