La familia Pujol arranca su defensa con una querella por la filtración irregular de sus datos bancarios en Andorra y con la oposición a las dos comisiones remitidas a la banca andorrana por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y la del Juzgado de Instrucción, 31 de Barcelona.
La confesión del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de tener cuentas millonarias en Andorra sin regularizar durante 34 años abrió una caja de Pandora difícil de cerrar. Pese a ello, sus abogados han planteado una estrategia de defensa que intenta restar validez a la principal prueba de cargo hasta el momento contra la familia Pujol: las revelaciones bancarias que apuntalan cuantiosas transferencias en 2010 a nombre de distintos hijos de los Pujol, denunciadas por el diario El Mundo, y que suman 3,4 millones de euros en una entidad del Principado de Andorra. Los supuestos delitos cometidos por el hijo mayor de Pujol y de su mujer.
El objetivo principal de la familia del ex presidente Pujol es obtener la nulidad de esta prueba al entender que habría llegado a los investigadores de manera ilícita, esto es, a partir de la supuesta sustracción de los documentos incriminadores por parte de un ex trabajador de Banca Privada, donde estaban abiertas las cuentas; una nueva implemtación de la conocida «doctrina del árbol envenenado»: todo lo que se obtiene ilegalmente es nulo desde su origen.
Para ello, la defensa de la familia del ex presidente de la Generalitat ha presentado en los juzgados andorranos una querella por la filtración irregular de sus datos bancarios, dirigida contra una persona desconocida, en la que pide a la Justicia que investigue quién ha sido el autor, y un recurso contra la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los fondos de la familia en el principado.
Paralelamente, su defensa también se opondrá a las dos comisiones rogatorias remitidas a la banca andorrana por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz -en la investigación de Jordi Pujol Ferrusola- y del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, que lleva las diligencias contra el matrimonio Pujol-Ferrusola.
Los Pujol sostienen que la pretensión del juez Pablo Ruz es obtener datos sobre su historial económico en Andorra, lo que consideran que no se corresponde con la finalidad de una comisión rogatoria, que se limita a un procedimiento excepcional para contrastar unos indicios concretos de una supuesta actividad delictiva. Además, alegarán que las comisiones se efectúan en base a documentos y datos robados o filtrados irregularmente, que en las peticiones no se explicita cuáles son los delitos que se les atribuyen a los afectados y qué indicios existen contra ellos
La familia Pujol pretende, con estos movimientos, dilatar el proceso alegando cuestiones que no afectan al fondo del asunto e impedir el acceso a sus cuentas bancarias. De momento, y tras su confesión pública, todos los partidos políticos solicitaron la comparecencia del ex president Pujol en el Parlamento de Cataluña -y él ha manifestado que acudirá- y la Agencia Tributaria le ha enviado ya una citación para que dé explicaciones sobre la evasión de impuestos de la familia.
La próxima cita judicial de la familia Pujol será el 15 de septiembre. En esta fecha, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados a Jordi Pujol Ferrusola y a su ex mujer, Mercè Gironés, a los que acusa de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. El día siguiente lo hará como testigo una empleada de las empresas del hijo de Jordi Pujol.
