Carlos Berbell es director de Confilegal.
¿Existe un tribunal «Supremo» de la opinión pública?
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17/10/2015 00:00
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Actualizado: 02/10/2020 09:50
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Claro que existe.
Es evidente que hay dos clases de tribunales de justicia operando en paralelo en España: los de la Administración de Justicia, que no son lentos, sino lentísimos.
Los casos van cociendo en su propia salsa día a día, mes a mes, año a año.
Y está el tribunal “Supremo” de la opinión pública, por el contrario, es rápido y emite sentencia final.
A toda velocidad.
Escribo el adjetivo “Supremo” con toda la intencionalidad del mundo, porque ante él no caben apelaciones.
Está formado por un conglomerado de medios -televisiones, radios, prensa escrita y digital, cuentas de twitter, facebook, google +, instagram, youtube- que forjan historias, mensajes y titulares diariamente que luego calan en la opinión que se forjan los ciudadanos.
Una vez que emite “sentencia”, una vez que los ciudadanos se han formado una opinión sobre un caso, no hay forma de darle la vuelta ante ningún “tribunal superior”.
Por la simple razón de que no existe.
Por eso, en España están comenzando a aflorar emuladores de Levick o de PR Consulting Group, dos empresas de comunicación pioneras en Estados Unidos en actuar, en defensa de sus clientes, ante el tribunal “supremo” de la opinión pública.
Funcionan de forma coordinada con el despacho de abogados en cuestión, que mira que es harto difícil porque buena parte de los letrados experimentados son “machos alfa” que lo quieren controlar todo y que creen que lo saben todo, aunque no tengan ni idea, incluyendo todo lo referido a la comunicación y a los medios.
Soy testigo y doy fe de ello.
El trabajo de esta gente, periodistas y gente del marketing reconvertida -¿quién se puede entender mejor con un “lobo” sino otro “lobo”-, son los interlocutores con los informadores de los medios a los que facilitan “la información” que precisan.
Las comillas son muy importantes porque el enfoque y la estructura de esa información, el “cómo se da”, irremediablemente influye en el resultado final de la información.
Sin olvidar, que los periodistas raramente “mordemos” la mano que nos da de comer.
De bien nacido es ser agradecido, salvo en el caso de que mientan.
Entonces se convierte en una cosa personal para el periodista.
Su trabajo facilita mucho las cosas para la parte afectada, sobre todo cuando es inocente.
Contribuye a llevar los grises hacia el blanco de la honestidad y del respeto, porque se transmite una imagen de transparencia.
Despeja cualquier tipo de nube amenazadora.
Sin embargo, cuando las sombras de la culpabilidad tienden peligrosamente hacia el negro, porque el cliente no ha hecho las cosas bien, en ese caso su trabajo ayuda a capear el temporal.
Un temporal que se desata con toda su ira en el tribunal “supremo” de la opinión pública es imparable.
Lo estamos viendo con casos como el del exvicepresidente del Gobierno.
Es posible que, dentro de dos o tres años, cuando se celebre el juicio en primera instancia, la sentencia “ponga las cosas en su sitio”. Porque hayan emergido nuevos datos. Nuevos indicios favorables a su causa, pero entonces ya será tarde.
¿La razón? Para entonces, el tribunal “supremo” de la opinión pública hace tiempo que ya habrá emitido su propia sentencia.
¿Son eficaces, entonces?
Lo son, sin duda. Está probado. Pero cuestan dinero.
Y su trabajo no se termina en dos intervenciones puntuales sino que requiere una dedicación continua, porque hay que controlar lo que sale en los medios y actuar cuando sea preciso, corrigiendo una información que, si no se hiciera nada, podría contribuir a torcer la percepción del procedimiento ante la opinión pública.
Que el bueno comience a ser visto como malo, aunque siga siendo bueno.
Porque todo es cuestión de percepción: la verdad es como una olla con dos o más asas, depende por donde la cojas.
LA DESESPERACIÓN, MUY MALA CONSEJERA
La desesperación es mala consejera, hay que decirlo, sobre todo cuando los casos llevan dentro de sí la semilla política, como el de la imputación del presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña Artur Mas, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de esa Autonomía, Joana Ortega, y la consejera en funciones de Enseñanza, Irene Rigau.
En especial cuando enfadas a los que tienen que estar investigándote y a todo su gremio, es decir, el judicial.
La desesperación, la necesidad de comunicar a los suyos, a los convencidos, que tienen a la Justicia bajo control. De transmitir seguridad “tutoms”, a todos, llevó a la Generalitat a organizar una rueda de prensa en el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que también acoge a la Audiencia Provincial de Barcelona, el martes 13.
¡Dos imputadas en el vestíbulo del TSJCat haciendo declaraciones a la prensa!
Habían ido a responder por los supuestos delitos de de desobediencia, obstrucción a la justicia o usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación.
Da lo mismo que una fuera una fuera vicepresidenta en funciones del gobierno catalán y la otra consejera.
“Es como si yo alquilo una casa a una persona y ésta asume que, por el hecho de ser de su propiedad puede entrar en ella en cualquier momento, abrir la nevera y tomarse una cerveza. No es de recibo lo que han hecho”, me comentaba un magistrado del TSJCat, donde hay sensibilidad hacia el hecho.
Lo sucedido es una consecuencia directa de la transferencia de la Administración de Justicia de la Administración de Justicia (no, no me estoy equivocando) a las Comunidades Autónomas, es decir de los medios materiales y humanos que no comprendan a jueces y magistrados, fiscales y secretarios judiciales (ahora letrados de la Administración de Justicia).
Lo que fue sancionado por el Tribunal Constitucional.
Ahora mismo estas competencias están transferidas en doce Comunidades Autónomas y en cinco, no; las sigue ostentando el Ministerio de Justicia.
Una de esas Comunidades Autónomas es Cataluña.
El edificio del TSJCat, por lo tanto, es “suyo”. Depende directamente de la Consejería de Justicia. Pueden hacer lo que quieran con él.
Eso entendieron en la Generalitat.
Y aprovecharon para montar un micrófono “oficial” para que los medios de comunicación tomaran las declaraciones de cada una de ellas tras su comparecencia ante el magistrado instructor del caso de la consulta del 9N, Joan Manel Abril.
Y fue allí, directamente en el vestíbulo del TSJCat.
Ese día se cruzaron todas las líneas rojas.
Esto, que no ha trascendido a los medios, se ha sentido como una agresión, dentro del mundo de los jueces. Un ataque a la independencia formal de la Justicia.
La apariencia, la forma, es tan importante como el fondo, o más.
El Tribunal Constitucional estableció, en dos sentencias -56/2004 y 57/2004, de 19 de abril de 2004, la doctrina de que “los pasillos u otras dependencias de ese edificio (refiriéndose al Tribunal Supremo, pero extendido a todos los edificios de la Administración de Justicia de toda España) no son fuentes de información de acceso general, pues más allá de los locales en los que se desarrollan las actuaciones públicas, el derecho de acceso tiene un carácter instrumental, es decir, paso para llegar a aquellos locales”.
Esta es la base sobre la que se articula toda la política de comunicación del Consejo General del Poder Judicial en lo que a acceso a medios de información a los distintos palacios de justicia se refiere, tal como se puede leer en el Protocolo de Comunicación del órgano de gobierno de los jueces.
Y en esto se incluyen las ruedas de prensa.
No se pueden hacer, y mucho menos los imputados, los testigos o los peritos.
Por esa razón, ni José Antonio Griñán, ni Manuel Chaves, ni los dos imputados restantes –diputados de las Cortes-, pretendieron bajo ninguna manera atender a los medios de comunicación en el interior del edificio del Tribunal Supremo.
Entonces, ¿por qué ellos no y en el TSJCat, sí?
A la vista de este «precedente», cualquier imputado de relevancia podría requerir «su derecho» a hacer declaraciones ante los medios en el modernísimo vestíbulo del nuevo edificio de la Audiencia Nacional, por ejemplo.
El pasado viernes el magistrado Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, denunciaba el uso partidista del edificio del TSJ de Cataluña por parte de la Generalitat.
Y denunció, por ello, el «error gravísimo de atribuir las competencias en materia de justicia a las comunidades autónomas».
Es evidente que el Gobierno en funciones de la Generalitat se ha visto guiado, en este caso, por una intencionalidad política clara: demostrar subliminalmente que llegan mucho más allá de lo que realmente llegan.
Y que cada uno entienda lo que quiera.
Pero es una metedura de pata, un error de proporciones catastróficas.
Un secretario judicial me decía que no había que darle tanta importancia a la cosa, que “fue en el vestíbulo”.
“Es verdad”, le contesté, “podrían haberlo hecho directamente en una sala de vistas o en el propio despacho del presidente del TSJC. Como los edificios ‘son suyos’».
Mi interlocutor me miró aterrado. Una vez que se da un primer paso como éste, los que vienen detrás, de la clase que sean, siempre son más fáciles.
Actuar ante el tribunal “supremo” de la opinión pública requiere mucha inteligencia, mucha sensatez, mucho conocimiento del terreno, del caso, de las personas que habitan el planeta justicia y de los medios de comunicación.
Y es lo que no hubo para que se produjeran esas dos intervenciones.
Actuaron “como pollos sin cabeza”.
A lo mejor es que no sabían que hay profesionales que se dedican a esto, específicamente. Sería interesante que se informaran.
Para no repetir este tipo de errores de principiante que un estudiante de primero de Políticas jamás habría cometido.
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