Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, fue nombrado "malagueño del año 2015" por la Asociación Malagueña de Escritores Amigos de Málaga.
Javier Lara, candidato a la Presidencia del CGAE: «El mayor reto es conseguir que la Abogacía sea tenida en cuenta por todos los poderes del Estado»
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22/12/2015 08:56
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Actualizado: 06/1/2016 17:53
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En octubre de 2012 Javier Lara, abogado con despacho en Marbella, se convirtió en el decano del Colegio de Abogados de Málaga. Contra todo pronóstico, porque no estaba entre los favoritos.
Tras una exitosa gestión, Lara, que se autodefine como «un abogado de trinchera», ahora quiere dar un paso más y convertirse en presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
Francisco Javier Lara Peláez, de 44 años, conoce bien el Consejo General de la Abogacía Española, del que es vicepresidente. Preside, en su seno, la Comisión de Justicia Gratuita. Es un trabajador incansable. Dirige el bufete Lara Peláez de Hoyos, en Torremolinos. Aquí explica porqué ha dado el paso para convertirse en presidente de todos los abogados españoles.
¿Por qué quiere ser presidente? ¿qué es lo que le ha movido a dar el paso a presentarse a las elecciones?
La vocación de servicio, de ayudar a los demás, de trabajar para mejorar las cosas. Obedece a mi forma de ser. Siempre he participado de la idea de que si quieres cambiar algo. Tengo el convencimiento de que hay mucho por hacer y me siento capaz de liderar un proyecto que sea posible ejecutar entre un gran número de consejeros y consejeras. Es un reto apasionante.
Si nosotros fuéramos dos de los 83 decanos, ¿cómo trataría de convencernos de que le votáramos, de que usted es la mejor candidata?
Parto de la creencia básica de que el presidente del CGAE debe ser decano o decana, ya que somos quienes percibimos directamente los problemas que tienen los abogados y las abogadas y sus respectivos Colegios en el día a día .
Conozco el funcionamiento de los órganos directivos del CGAE, puesto que desde mi toma de posesión como consejero en diciembre de 2012, he tenido la suerte y el honor de presidir la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE y, en consecuencia, de ser vicepresidente del Consejo.
Pero al margen de formar parte activa de la Abogacía Institucional, soy un «abogado de trinchera», ejerzo con pasión mi profesión y estoy dado de alta en el turno de oficio.
Sé que las necesidades de la profesión han cambiado y el funcionamiento del CGAE ha de adaptarse a las realidad de la situación actual, son tiempos de ideas, proyectos e ilusiones nuevas, como también de nuevos aires.
Creo que, como todo en la vida, nuestro paso por un cargo debe ser temporal y debe corresponderse con ciclos concretos. La renovación y regeneración es algo natural y obligado.
Con humildad y naturalidad, creo que reúno la doble condición que ha de tener un presidente, por un lado la capacidad de liderazgo, de trabajo , de organización y coordinación de equipos y, por otro lado, la experiencia en la relación, negociación y actuación como «lobby» con todos los poderes públicos, con independencia absoluta de colores políticos.
¿Qué tipo de modelo de funcionamiento adoptaría?, ¿seguiría con el actual?
Hay cosas que cambiar, pero sin que ello implique tener que someternos a ningún tipo de cambio radical. Creo que el funcionamiento del Consejo puede mejorarse.
Contamos con recursos humanos y materiales adecuados, que de manera optimizada, pueden darnos muy buenos resultados. Debemos revisar mucho el funcionamiento interno y la composición de las comisiones, que han de ser técnicas y operativas.
El Pleno debe ser más resolutivo y productivo. Se trata de coordinar una serie de trabajos internos en cadena que faciliten la toma de decisiones, con base en la transmisión de toda la información precisa, con la suficiente antelación.
También debemos abrirnos más a los y las colegiadas, a la sociedad y a las instituciones.
Si no es así, ¿cuál implementaría?
Conforme he indicado antes, deben adoptarse medidas que impliquen un cambio organizativo tendente a una mayor eficacia y productividad en la gestión del Consejo, todo ello bajo el principio de la plena transparencia.
De todos los desafíos a los que el CGAE tiene que hacer frente en los próximos cinco años, ¿cuál es el que más le preocupa (la futura ley de servicios profesionales, por ejemplo)?
No puedo referirme a un solo frente. Se han hecho reformas importantes, que deberían ser revisadas. Y aún quedan otras pendientes que me preocupan mucho, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial… Hasta un total de diecisiete
Comparto la idea expuesta públicamente por Carlos Carnicer de reivindicar la elaboración conjunta de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
El mayor reto y desafío se encuentra en conseguir que la Abogacía sea tenida en cuenta por todos los poderes del estado a la hora de legislar materias que afectan a los derechos humanos y constitucionales.
¿Y cuál es su solución para hacerle frente con éxito?
Conseguir que la Abogacía ocupe el papel que le corresponde.
¿Cómo se le puede dar la vuelta al problema que ustedes, los abogados, tienen con la comisión nacional de los mercados y la competencia?
Es necesario que se entienda realmente el funcionamiento del turno de oficio y su configuración como un servicio público que se presta a quienes carecen de recursos económicos. No existe un mercado del turno de oficio, existen personas con derechos que deben ser asistidos.
Lo mismo sucede con nuestra intervención en los informes de tasaciones de costas y juras de cuentas, es otro servicio público, totalmente necesario.
Tanto los Colegios de Abogados como el Consejo General nos sometemos a la Ley. La Ley de Competencia lo es y la acatamos rigurosamente en nuestras actuaciones, pero ejecutamos funciones públicas que no tienen encaje en las normas de competencia.
Estamos intentando que la CNMC lo entienda y seguiremos intentándolo por todos los medios que tenemos a nuestro alcance.
¿La futura modificación de la Ley de Planta y Demarcación le preocupa?
Efectivamente. No se puede alejar la Justicia de los ciudadanos .
¿Cómo tiene que ser el nuevo modelo del turno de oficio?
Digno. Lo primero es que sea digno, en el trato y en la remuneración. Los abogados y abogadas debemos dedicarnos a defender a las personas, no a cuestiones burocráticas. También debemos percibir unas retribuciones dignas y de manera puntual.
Debe garantizarse el cobro en cualquier caso. Estamos ante un servicio público y la Administración cuenta con la vía de apremio para recobrar lo que previamente haya tenido que abonar.
Lo que no es admisible es que una guardia se pague por menos de 2 euros la hora y que realicemos trabajos necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que no son retribuidos o lo son en unas cuantías que pueden considerarse ridículas.
E igualmente, el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y el turno de oficio, solo puede ser prestado por profesionales formados de manera integral en Derecho y éstos son solo los y las abogadas.
¿Es esencial que exista un único baremo para el turno de oficio en toda España?
Puede resultar conveniente. No se entiende que el trabajo realizado por idénticos procedimientos, se retribuya de forma distinta, según el lugar donde se desempeñe. En todo caso, la revisión de los baremos debe realizarse al alza. Las equiparaciones deberían partir de los más «altos», sin olvidar que aún así, no son los adecuados, por escasos.
¿Seguiría usted dando la batalla para que se supríman las tasas para las pymes y las ONGs?
Sin duda. Desde luego, la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas ha sido un gran éxito de la Abogacía en su conjunto y un gran avance, pero hemos de lograr que se supriman también para las pymes y para la ONGs.
El puesto de presidente del CGAE no está remunerado. Es decir, usted, de ser elegido, trabajaría “de gratis”. ¿Qué tipo de compensación, no monetaria, obtendría usted a cambio?
Todo decano o decana trabaja «de gratis». Son cargos no remunerados. Soy decano y ya lo hago. La satisfacción, el honor, el privilegio de contribuir a mejorar nuestra profesión y a la defensa de los derechos de la ciudadanía es una buena compensación.
Existen voces, entre los abogados de base, que piden paso, que querrían votar al nuevo presidente o presidenta del CGAE por voto secreto y directo. ‘Si puedo estar presente, ¿por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿Por qué tengo que estar representado?’, se preguntan. ¿Qué opina usted?
Todo es valorable, pero no se me escapa la dificultad práctica de un planteamiento que afecta a unos 240.000 colegiados. En cualquier caso, todos los abogados y abogadas elegimos a nuestros representantes en nuestros respectivos Colegios, nuestros decanos y decanas -83-, que son quienes llevan nuestra voz y voto al CGAE.
¿Potenciaría usted un canal de comunicación directo con los abogados, además del que tendría con los decanos, de ser nombrado presidente?
Ya existen canales de comunicación directos y es posible estudiar la implantación de otros nuevos, pero no podemos olvidar que la función principal del Consejo es la de regular la profesión y coordinar a los Consejos Autonómicos y a los 83 Colegios, que son los que se relacionan directamente con todos sus colegiados.
En los últimos años el CGAE ha implementado un ambicioso sistema informático, fundamental para la viabilidad del futuro expediente digital. ¿Mantendría esta vía de progreso tecnológico?
Sin duda. La tecnología no es futuro, es el presente y para nosotros es de vital importancia estar a la vanguardia tecnológica. Así lo ha demostrado el CGAE con Red Abogacía y Lexnet Abogacía y lo seguirá haciendo. Si debemos dirigirnos a un expediente judicial electrónico, estaremos preparados para ello.
¿Qué nota le daría a Lexnet Abogacía?
Muy alta. Se planteó el reto de Lexnet y el CGAE ha respondido con Lexnet Abogacía para mejorar el acceso de los abogados y abogadas. Obviamente el sistema de Lexnet precisa de mejoras en general y en cuanto se produzcan, Lexnet Abogacía las asumirá y potenciará.
Los diferentes Colegios están prestando una especial atención a los abogados jóvenes. ¿Qué puede hacer el CGAE que no haya hecho por ellos?
Los abogados jóvenes forman parte importante y activa del presente de la Abogacía. El CGAE cuenta con la colaboración directa de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, su presidenta es consejera y los miembros de su Comisión Ejecutiva forman parte de las Comisiones del Consejo.
Deben tener, y tienen, presencia e importancia en el organigrama del CGAE y creo que se trabaja en la dirección correcta. Por supuesto que atenderé gustoso a las sugerencias que realicen para potenciar esta relación.
¿Qué le parece que las asociaciones de jueces pidan a la clase política un Pacto de Estado por la Justicia?, ¿se sumarían ustedes a esa iniciativa, teniendo en cuenta que el barómetro ciudadano que ustedes encargaron a Metroscopia decía lo mismo?
Efectivamente. También es una petición nuestra y es una prioridad para nuestra sociedad, para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Resulta muy necesario que se alcance un gran Pacto de Estado por la Justicia.
¿Se atrevería a decir qué ha hecho bien el ministro saliente durante el último año y qué no debería haber hecho, porque ha perjudicado a los abogados?
Lo mejor que ha hecho ha sido reconciliarse con todos los operadores jurídicos, tras la brecha abierta por su predecesor. Es evidente su talante y actitud dialogante, que ha motivado que se hayan revisado proyectos de leyes y que no se hayan aprobado algunas. Pero también se han llevado a cabo demasiadas reformas de Llyes muy importantes en muy poco tiempo y sin contar con el consenso de la Abogacía. Creo que le ha faltado el tiempo que le sobró a su predecesor.
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