La organización Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca ha presentado una querella contra el fiscal jefe, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y su mujer, María García, por un delito contra la ordenación del territorio, ante el Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad.
En concreto, por construir su chalet en la zona de policía y servidumbre del Arroyo de la Fuente, o Berrenchín, en el término municipal de Pepino, población a 8 kilómetros de Talavera de la Reina (Castilla-La Mancha), en contra de la prohibición establecida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
La querella de los ecologistas, presentada el pasado miércoles, se produce después de que el Ayuntamiento de Pepino, pueblo de 2.700 habitantes -en el que el fiscal jefe tiene su chalet-, respondiera a la denuncia que presentaron por los mismos hechos ante el Consistorio con la afirmación de que «no somos competentes en este procedimiento ya que la competencia es estatal».
Así lo certificó Milagros Clavero, secretaria del Ayuntamiento, en el escrito recibido por Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina y Comarca con registro de salida oficial 24 de noviembre de 2015.
En esa denuncia, el grupo ecologista solicitaba al alcalde Inocencio Gil Resino que sancionara a De la Cruz Andrade y que repusiera «las cosas a su estado anterior».
Es decir, que se procediera a la demolición del chalet, situado en la Urbanización del Gran Chaparral 2ª Fase, levantado sobre una parcela de 871 metros cuadrados, con 466 metros cuadrados construidos.
«La citada construcción se encuentra dentro de servidumbre de los 100 metros de la policía de aguas, por lo tanto, invadiendo, ocupando el cauce fluvial del Arroyo de la Fuente o Berrenchín», decía la denuncia.
En la misma se constataba que para construir en esa zona se precisaba la autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Autorización que, al parecer, no se había emitido.
«Ángel Demetrio de la Cruz Andrade en su condición de fiscal jefe de Talavera de la Reina debía haber mantenido una conducta ejemplar, lo que pone de manifiesto la mayor gravedad de los hechos ahora denunciados, teniendo encuenta la condición profesional del infractor, ya que el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Española, debería defender la legalidad vigente y el interés público general», concluían en su escrito de denuncia ante el Ayuntamiento de Pepino.
DE DENUNCIA A QUERELLA
Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina, a la vista del desenlace administrativo, ha dado un paso más con la presentación de la querella.
Este grupo entiende que el Consistorio, al afirmar que la competencia es «Estatal» y no municipal está «dando a entender claramente que nos encontramos ante un delito y no ante una simple infracción urbanística de competencia municipal. Por lo que nos hemos visto abocados a personarnos en el presente procedimiento, ampliando la acción penal por un delito contra la ordenación del territorio contra los actuales querellados», se puede leer en el escrito de la querella.
Esta acción legal del grupo ecologista, como acusación popular, viene a sumarse a la querella presentada con anterioridad por Juan Carlos Vázquez y María Santos Ortiz en el mismo Juzgado contra Ángel Valero Sánchez, Luis Ignacio Rosa, Carmen Carrasco, María Dolores Castro y Carlos Oscar Hidalga por el delito de estafa, contemplado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal, pero ampliándola al mencionado fiscal jefe y su esposa, por el mencionado delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.1 del mismo Código.
«El chalet de los querellados en el único que a día de hoy se ha construido en la zona de policía del arroyo y el paso de aguas denunciado por la CHT el día 8 de agosto de 2006», dice la querella de los ecologistas.
Ecologistas en Acción de Talavera de la Reina solicita, también, al titular del Juzgado de Instrucción 4 que llame a declarar a los dos nuevos querellados y que requiera al Ayuntamiento de Pepino el expediente urbanístico relativo a la Urbanización «El Chaparral (2ª fase), y dos expedientes sancionadores abiertos, uno relativo a la urbanización en cuestión, y otro, específico, abierto a la vivienda de los querellados, el fiscal jefe y su esposa, parcela 237 de «El Gran Chaparral».
También piden al magistrado que solicite el expediente urbanístico completo de la misma urbanizacióna la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y a la Confederación Hidrográfica del Tajo, los expedientes sancionadores abiertos tanto a la urbanización como al chalet en cuestión.
