La empresa pública Acuamed acordó con FCC una «compensación indebida» de 40 millones de euros, pactada con «cargos de alto nivel» del Ministerio de Agricultura, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales de 2015.
En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo del Puerto, el juez Velasco precisa que esta compensación irregular quedó reflejada en los mismos presupuestos generales.
“Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones”, indica el juez.
Uno de los seis contratos que se investiga el juez Velasco es el de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, adjudicada a la UTE formada por FCC y Abengoa y en el que supuestamente Acuamed y FCC pactaron esa «compensación» irregular de 40 millones de euros.
Acuamed no exigió que la empresa adjudicataria cubriera los desperfectos, como debería haber hecho y cerró un acuerdo por el que se comprometía a abonar ella misma un 40 por ciento y reclamar a las adjudicatarias el pago del 60 prometiendo que le sería compensado a través de la concesión de otras obras.
El proyecto elegido fue la descontaminación del pantano de Flix, que sirvió para ejecutar la compensación fraudulenta. De una facturación de 3,5 millones se pasó a «diseñar» pagos de 40 millones ficticios, que se intentaron justificar mediante la certificación de obra no ejecutada.
En su auto, el juez indica que dicho plan no pudo llevarse a cabo por «la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades»,por lo que la desaladora «sigue sin arreglarse» más de tres años después.
OTRAS IRREGULARIDADES
Velasco menciona otras irregularidades. En el caso de la presa de la Avenida Rambla Gallinera en Valencia, adjudicada a las empresas Sogeosa y Torrescámara, se certificaron dos millones de euros que no estaban en el contrato, en concreto «una escollera que nunca existió».
La desaladora de Marina de Torrevieja, la mayor de Europa, fue adjudicada a Acciona y su liquidación pretendía un perjuicio a la administración de tres millones de euros, dice el auto. La cifra se alcanzaba con partidas hinchadas, mediciones incorrectas y reclamaciones improcedentes. «Pretendieron que se le facturaran 17 millones más, aunque al final lo dejaron en 10», dice.
En la desaladora de Campello-Mutxamel en Alicante, adjudicada a Altec-Altyum, la adjudicación se amaña cuando nunca debiera habérsele concedido. En el Cerro Colorado de Murcia, se adquirieron tuberías para permitir el riego a la empresa que la vendía más caras y en la presa de Antiavenidas del río Serpis, el contrato a favor de Altec se hinchó en dos millones de euros.
Velasco atribuye a los implicados en la trama delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, maquinación para alterar el precio de los contratos, prevaricación y falsedad documental. Y además, investiga el delito de organización criminal. (CONFILEGAL/EP)
