La Audiencia Nacional abrirá juicio oral y sentará en el banquillo de los acusados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como a otros 64 representantes de ambas entidades que utilizaron las ‘tarjetas black’ para cubrir «gastos personales».
El magistrado ha enviado el caso a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para sentar en el banquillo a los antiguos directivos y consejeros propuestos por PP, PSOE, IU, el empresariado y los sindicatos por presuntos delitos de administración y apropiación indebida.
La Fiscalía Anticorrupción pide las mayores penas para Miguel Blesa, que gastó 436.688 euros con su tarjeta opaca y se enfrenta a seis años de cárcel; y para Rodrigo Rato, para quien solicita una pena de cuatro años y medio por el desembolso de 99.054 euros con su ‘black’.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) solicita que Blesa sea condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, Rato a una pena de tres años y el ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj a dos años y nueve meses de prisión por delitos de administración desleal y apropiación indebida. Reclama penas de entre seis meses y tres años de cárcel para el resto de acusados por apropiación indebida en grado continuado.
Bankia y BFA demandan cuatro años de cárcel para Blesa, tres años para su expresidente Rodrigo Rato y penas, que oscilan entre los tres meses y los dos años de prisión, para el resto. En total, pidieron abrir juicio oral contra 55 imputados, mientras que a once les considera responsables civiles.
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular, pide que Rato, Blesa y el que fuera su ‘número dos’, Idelfonso Sánchez Barcoj, sean condenados a sendas penas de 10 años de prisión, mientras que reclama seis años de prisión para el resto de procesados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 cerró el pasado diciembre la instrucción al concluir que existen indicios de administración desleal por parte de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el caso del resto de directivos que los utilizaron.
El sistema, prosigue el auto, era claramente «opaco» al establecer que los destinatarios no tenían que presentar «justificación documental alguna» sobre los gastos efectuados.
Según el juez, existen indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y el resto de ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron las ‘tarjetas black’, que fueron emitidas «sin respaldo contractual alguno» y usadas para «gastos personales y propios», que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros. (EP)
