“El Supremo le acaba de regalar a la Iglesia 23 tapices valorados en 10 millones de euros. Porque sí, y con una base legal dudosa”. Así de tajante se manifiesta Rosa Barranco, presidenta de la Asociación Civil Santa Rita de Casia, organización que venía pleiteando desde 2012 contra el Arzobispado de Madrid en los tribunales por retener la propiedad de 23 tapices flamencos de los siglos XVI y XVII.
La Sala Primera del Tribunal Supremo finalmente confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de septiembre de 2013, lo que otorga a la Iglesia la propiedad de los 23 tapices; estos están actualmente incluidos en el Inventario General de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid y están custodiados en la Real Fábrica de Tapices.
“Es una mala sentencia porque es injusta. Los tapices fueron donados en 1869 a nuestra Asociación por Victoriana Oliva, una millonaria madrileña que había sido víctima de malos tratos”, explica Barranco.
“El que puso su ojo en ellos fue el entonces arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Los quiso para adornar la catedral de la Almudena de cara a la visita que iba a realizar Juan Pablo II a Madrid. Así que en 2004 hizo un decreto declarando extinguida nuestra Asociación. Sí, la suprimió sin tener en cuenta nuestra opinión alegando que podía porque era una asociación religiosa”, continúa relatando Barranco.
“El problema es que nuestra asociación, desde su nacimiento, hemos tenido una doble naturaleza: eclesiástica y civil, que nos fue otorgada por la reina Isabel II en nuestra fundación, en 1834. Es decir, la Iglesia nos puede anular canónicamente pero no civilmente y, mucho menos, apropiarse de los 23 tapices. Al menos, eso pensábamos hasta ahora. Confiábamos en que esto, que es de primero de carrera, lo entendieran los señores magistrados del Supremo”, remacha.
Para la Asociación Civil Santa Rita de Casia -una auténtica ONG-, los 23 tapices eran su recurso más importante para continuar su labor social. Tenían planes de alquilarlos y destinar sus ingresos a la ayuda a mujeres maltratadas.
La sentencia de primera instancia fue ejemplar, en opinión de Rosa Barranco. Luego se torció, con la sentencia en segunda instancia, de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2013 falló en sentido diametralmente opuesto, reconociendo que, por su sujeción al derecho canónico, sus bienes están sujetos al mismo.
Dicha sentencia se ha visto confirmada por el Supremo, entendiendo que la actual Asociación que preside Rosa Barranco no es continuadora de la anterior, propietaria de los tapices.
“Lo cual no es cierto. Todo parte de una falsedad. De un cambio de nuestros estatutos que hacen desde la Iglesia, sin contar la aprobación de la Junta General de la Asociación, como es obligatorio. Con el falso concurso de ocho personas que jamás tomaron parte en nada. Con el nombramiento de una nueva presidenta, que nunca firma. Esa es la clave de todo. Pero no vamos a cejar en nuestro empeño”, remacha Barranco.
«Seguiremos luchando por lo que es nuestro y contra la corrupción, porque la corrupción no sólo tiene naturaleza política. También hay focos de corrupción en la Iglesia y en la Justicia. En este sentido, me gustaría hacer un llamamiento a aquellos abogados y juristas que quieran colaborar con nosotros en esta batalla. Una batalla no se acaba hasta que una de las partes no ha tirado la toalla», finaliza.
