El juicio del caso Nóos, en el que están acusados la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y otras 16 personas, se retomará con las declaraciones de los procesados ante el tribunal.
Previamente, el tribunal deberá resolver la petición que formuló el jueves pasado Manos Limpias de retirar su acusación contra el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro, que podría suponer que sean 17 en vez de 18 los que se sienten en el banquillo.
La ronda de comparecencias de los acusados arrancará con la declaración de quien fuese director general de Deportes en el último Govern de Jaume Matas y medallista olímpico José Luis ‘Pepote’ Ballester, uno de los principales ‘arrepentidos’ en el marco de estas investigaciones. Amigo de Urdangarin desde 1985, rompió su relación de amistad con aquél en 2007, cuando comenzaron a surgir fuertes desavenencias a raíz de las deudas que el exduque achacaba al Govern por la celebración de dos foros de turismo y deporte en Palma que habrían derivado en el desvío de 2,3 millones de euros.
En función de lo que se prolongue la declaración de Ballester, habrá otras ese mismo día o continuarán al siguiente, y así sucesivamente hasta que hayan declarado todos los acusados. El tribunal ha previsto doce jornadas para esas declaraciones, repartidas de martes a viernes hasta el 26 de febrero.
Tras «Pepote» Ballester declararán, según el orden propuesto por la Fiscalía, el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía; el exsecretario de dicha entidad Miguel Ángel Bonet, y el expresidente Jaume Matas, todos ellos a propósito de los vínculos del Govern balear con el Instituto Nóos, al que pagó 2,5 millones.
Los abogados del expresidente y de estos tres ex altos cargos se reunieron el viernes en Palma con el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, previsiblemente para buscar un posible pacto previo a la continuación del juicio.
Tras ellos declararán el excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, y los acusados de la rama valenciana y la madrileña, antes de que declaren los dos principales acusados: Diego Torres y Urdangarin.
Para el final quedan el exsecretario de Nóos, Miguel Tejeiro (aunque es improbable que el tribunal lo mantenga en el banquillo); el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el asesor fiscal Salvador Trinxet y la infanta Cristina, que será la última.
La declaración de la exduquesa está prevista en último lugar, aunque, como el resto de acusados, deberá acudir a todas las sesiones de interrogatorios previstas en las próximas tres semanas.
TESTIGOS Y PERITOS
Posteriormente, el tribunal permitirá que los acusados se ausenten en las siguientes sesiones del juicio, si así lo desean, mientras declaran testigos y peritos y se presentan las pruebas documentales, conclusiones e informes finales, y hasta que vuelvan a comparecer todos el último día de la vista oral.
Hay previstos más de 360 testigos, éstos serán interrogados entre el 8 de marzo y el 22 de abril. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza.
Mientras tanto, a partir del 3 de mayo tendrán lugar las pruebas periciales -hasta el día 20-, y entre el 31 de mayo y el 30 de junio se analizarán las documentales y se expondrán los informes finales y las conclusiones, fase en la que las partes anunciarán, dependiendo de cómo haya ido el juicio, si modifican sus peticiones. Por último, los acusados tendrán derecho a la última palabra, y la vista quedará vista para sentencia.
La finalización del juicio, que se celebra en una sala cedida por el Govern en el Polígono Son Rossinyol de Palma, está fijada para el 30 de junio, si bien los acuerdos que se están ultimando durante estos días podrían reducir notablemente la duración de la vista oral.
LOS POSIBLES DELITOS
Lo que se juzga es la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y su exsocio, que percibieron casi 6 millones de varias administraciones públicas, así como el posterior plan supuestamente urdido para defraudar a Hacienda.
Los presuntos delitos son malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.
Las condenas que piden las seis acusaciones van desde los 107 años que suman las que reclama la Fiscalía Anticorrupción a los 183 de Manos Limpias.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres. (CONFILEGAL/EP)
