El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados del caso Nóos por un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos ha denegado que el exsecretario personal de las Infantas Carlos García Revenga, citado a declarar como testigo el 20 de abril, sea interrogado por videoconferencia, tal y como había solicitado previamente.
Mediante una providencia, la Sala, presidida por la magistrada Samantha Romero, justifica su decisión en el hecho de que se trata de un testigo propuesto por la Fiscalía Anticorrupción, motivo por el que debe comparecer presencialmente en la vista oral.
Contra la resolución cabe interponer recurso de súplica.
García Revenga, quien fue miembro de la junta directiva del Instituto Nóos, permaneció imputado en la causa durante varios meses ante el conocimiento que pudiera tener de las presuntas irregularidades cometidas a través de la entidad, si bien finalmente fue archivado su encausamiento.
Tal y como alegó durante la instrucción del caso, su inclusión en el Instituto obedeció a la presencia de la Infanta Cristina como vocal en la entidad y a la confianza que Iñaki Urdangarin tenía en él depositada en relación con las cuestiones protocolarias.
El exsecretario defendió no haber cometido delito alguno por cuanto no tuvo intervención en lo que a la gestión de Nóos se refiere, como tampoco en sus acuerdos, contratos o convenios.
Según García Revenga, el hecho de que su nombre figurase en un folleto publicitario de la entidad como miembro de la misma, «constituye una conducta de mero acompañamiento penalmente impune».
El testigo estuvo vinculado al Instituto entre el 23 de septiembre de 2003 y el 20 de marzo de 2006.
GONZÁLEZ PONS Y RODRIGO RATO, POR VIDEOCONFERENCIA
De forma paralela, más de 40 testigos declararán, por el contrario, por videoconferencia tras así haberlo pedido ante el tribunal. Entre ellos se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exvicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, el exasesor jurídico del Instituto Nóos, Luis Tejeiro, la exsecretaria de Urdangarin Julita Cuquerella y uno de los sobrinos del exduque, Jan Gui.
La Sala estima que concurren en todos estos casos los supuestos previstos en la Ley para poder declarar por videoconferencia. En concreto, Rato está citado el 11 de marzo, Tejeiro el 9 de ese mes, Cuquerella el 22, y González Pons el 14 de abril.
Todos ellos se encuentran entre los más de 360 testigos emplazados a partir del 8 de marzo y que serán interrogados a lo largo de varios meses. Otros nombres destacados son los deel exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón (12 de mayo), su homólogo en la Generalitat Valenciana Francisco Camps (15 de abril), y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga (20 de abril) y Alberto Aza (11 de marzo).
Del mismo modo, también serán interpelados la exalcaldesa de Valencia Rita Barberà (12 de abril) y Manuel Cobo (13 de mayo), quien tras la renuncia de Gallardón ocupó de forma provisional la alcaldía de Madrid.
También integran la lista el conde de Fontao, José Manuel Romero, quien fuese abogado de don Juan Carlos, el consejero personal de éste, Fernando de Almansa, el exsecretario personal de las Infantas Carlos García Revenga, y el exjefe de la Casa Real Alberto Aza.
Del mismo modo, desfilarán ante el tribunal, a propuesta de las acusaciones, el exsecretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, la exvicepresidenta del Govern balear y actual eurodiputada Rosa Estaràs (8 de marzo), uno de los extesoreros de Nóos, Pedro Alfonso Parada (17 de marzo), y el director gerente de la Fundación municipal Turismo Valencia, José Florentino Salinas (8 de abril).
CONTENIDO DE LOS INTERROGATORIOS
Los interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado por el que Urdangarin y Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y Urdangarin-, el tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo su constitución y cuál fue el papel que ejerció la Cristina de Borbón al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para desviar fondos públicos y defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. EP.
