La polémica por los cambios en el Código Penal no ha terminado. Primero, el PSOE y Unidas Podemos propusieron eliminar el delito de sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados y ahora, se ha puesto sobre la mesa el delito de malversación con el objetivo de reducir la pena en el caso de que no haya enriquecimiento personal.
Esta posible reforma favorecería a independentistas, exdirigentes socialistas del caso de los ERE de Andalucía o políticos de la trama Gürtell y caso Nóos.
Pero el Gobierno todavía no ha dado apenas explicaciones sobre cómo será esta reforma del delito de malversación que ha sido propuesta por ERC a través de enmiendas en el Congreso.
Pero algunos miembros del Ejecutivo ya han realizado comentarios sobre ello como, por ejemplo, Margarita Robles, que ha considerado que día de hoy, es un delito “muy desigual porque no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no lo hace”.
El delito de malversación está penado entre 2 y 12 años de cárcel
Actualmente el artículo 432 del Código Penal castiga el delito de malversación con penas de cárcel de 2 a 12 años y está relacionado con la corrupción. Sólo lo puede cometer una autoridad o un funcionario público, es decir, que cause un perjuicio a los fondos públicos teniendo facultad para administrarlos.
El principio de retroactividad a favor del reo obligaría a revisar las condenas dictadas por malversación para estudiar los efectos de la reforma señalada, que podrían ir desde una rebaja de las penas por este mismo ilícito al encaje de los hechos delictivos en otros tipos, como los de apropiación indebida o administración desleal, en función de cómo quedara redactada la reforma penal.
¿Y a quién beneficiaría si esta reforma llega a puerto? Pues bien, en primer lugar, a una decena de líderes del proceso independentista catalán que hayan sido juzgados, procesados o huidos de la Justicia. Por ejemplo, los cuatro líderes condenados por el Alto Tribunal por sedición y malversación: Junqueras (13 años y 13 de inhabilitación) y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, penados a 12 años de cárcel y a 12 de inhabilitación.
En su caso, las penas de prisión fueron indultadas pero siguen vigentes la de inhabilitación.
También al expresidente Carles Puigdemont y los exconseller Toni Comín, Clara Ponastí y Lluís Puig, todos huidos de la Justicia y reclamados por el instructor del caso, Pablo Llarena.
Griñán, Correa, Urdangarin…
También supondría una revisión de sentencia a los condenados por malversación en el caso de los ERE de Andalucía, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
Las penas de los exdirigentes socialistas, entre los que está José Antonio Griñán -condenado a 6 años- podrían verse rebajadas o incluso podrían servir para evitar su entrada en la cárcel.
Además de Griñán también se aprovecharían los exconsejeros de Empleo, Antonio Fernández y José Antonio Viera, los de Innovación Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo o el exdirector de Trabajo, Juan Márquez, entre otros.
En la trama Gürtel también hubo condenados por malversación, como es el caso de Francisco Correa y Pablo Crespo, así como de dirigentes del PP implicados en estos hechos, como los exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, que también se beneficiarían de esta reforma.
En cuanto al caso Nóos, donde también hubo condenados por este delito, podrían verse favorecidos condenados como el exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, sobre quien pesa una condena de 5 años y 10 meses de prisión y 7 años y seis meses de inhabilitación absoluta.
