El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha quedado en libertad tras prestar declaración dentro de la operación ‘Lava Jato’, en la que se investiga una trama de corrupción y blanqueo de capitales que tiene por epicentro la firma estatal Petrobras.
La Policía Federal acudió a primera hora de la mañana a la residencia de Lula en Sao Paulo, para cumplir con una orden de traslado coercitivo sobre el exmandatario. Los agentes le llevaron al aeropuerto de Congonhas, elegido por motivos de seguridad.
Después de tres horas de interrogatorio en dependencias policiales, el expresidente ha quedado en libertad, según fuentes de la Policía citadas por los medios de comunicación locales.
Las movilizaciones se han sucedido en Sao Paulo a lo largo de toda la mañana, especialmente en el aeropuerto y ante la residencia del antiguo mandatario. Las fuerzas de seguridad han llegado a intervenir en este último punto, donde se han registrado enfrentamientos entre partidarios y detractores de Lula da Silva.
AMPLIA INVESTIGACIÓN
La medida se enmarca en la nueva fase de la ‘Operación Lava Jato‘ –la 24–, dentro de la cual se han emitido un total de 44 órdenes judiciales, 33 de ellas de búsqueda y captura y otras once de traslado coercitivo.
Según ‘Folha’, además de Lula, entre los objetivos de la nueva operación están su mujer, Marisa, sus hijos Marcos Cláudio, Fábio Luis y Sandro Luis, y su nuera Marlene Araújo. También figuran el empresario Fernando Bittar y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto. En cuanto a las empresas afectadas figuran OAS y Gamecorp, propiedad de Fabio Luis.
La Fiscalía ha explicado en un comunicado que existen «pruebas» –documentales y testimoniales– de que Lula da Silva fue «uno de los principales beneficiarios de la trama» y ha puesto como ejemplo la reforma de una vivienda de lujo en Guaruja (estado de Sao Paulo), de una finca en Atibai y de pagos realizados por empresas ya investigadas bajo «supuestas donaciones y conferencias».
En el caso del tríplex de Guaruja, Lula se benefició de «al menos 1 millón de reales (247.000 euros)» entregados por la constructora OAS «sin aparente justificación». Esta empresa también aparece relacionada con el pago de 1,3 millones de reales (320.000 euros) a una empresa contratada para almacenar las pertenencias acumuladas durante el mandato presidencial.
El fiscal Carlos Lima ha explicado en rueda de prensa que un 60 por ciento de las donaciones recibidas por el Instituto Lula proceden de las cinco mayores empresas investigadas en la operación y que el 57 por ciento de los pagos relacionados con conferencias corresponden a estas mismas compañías, informa el periódico ‘Folha’ (EP)
