La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz Ungo, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aparte o suspenda a la magistrada María del Carmen Molina Mansilla, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, por tratar de manera «completamente ofensiva» y atentar contra la dignidad de una mujer presuntamente maltratada, que estaba embarazada de cuatro meses.
Según Ruiz Ungo, durante la comparecencia de la mujer ante el órgano judicial, tras interponer denuncia, la juez preguntó a la mujer si durante las supuestas agresiones sexuales, «cerró bien las piernas».
La presidenta de la Clara Campoamor ha presentado, en consecuencia, denuncia ante el CGPJ contra la juez Molina Mansilla por responsabilidad disciplinaria.
En la misma se alega en que el pasado 16 de febrero una mujer denunció en la comisaría de Policía Local de Vitoria «maltrato habitual físico y psíquico en el ámbito de violencia de género», que «incluía dos agresiones sexuales», por lo que solicitó orden de protección.
La supuesta víctima fue citada a la mañana siguiente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria a las 11.00 horas, aunque su declaración no comenzó hasta a las 15.00 horas, «terminándose las diligencias a las 17.30 horas».
La presidenta de la Clara Campoamor destaca que «la indebida dilación provocó a la víctima denunciante, embarazada de cuatro meses, un estado de absoluta extenuación y desasosiego».
Durante toda la declaración judicial, que fue «grabada audiovisualmente», señala que la magistrada mostró «una clara y manifiesta predisposición de incredulidad hacia el testimonio de la denunciante, a la que interpelaba sin dejarla terminar la respuesta, realizando preguntas sugestivas y condicionando la declaración».
«Como claro ejemplo de tal actitud es la reiterada interpelación por la magistrada a la denunciante sobre si opuso resistencia a las agresiones, llegando a preguntarle textualmente: ‘¿Cerró bien las piernas?, ¿cerró toda la parte de los órganos femeninos?'», añade.
Blanca Estrella Ruiz apunta que «la mujer, atónita, sólo pudo responder que sí», y considera que «tal pregunta, además de innecesaria para el desempeño de las labores propias de la fase de instrucción, es completamente ofensiva para la denunciante, atenta contra su dignidad, además de vulnerar el artículo 19 de la reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, de Estatuto de la Víctima».
Este artículo apunta que «las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada».
«COMPORTAMIENTO HABITUAL»
Además, la presidenta de Clara Campoamor manifiesta que «este hecho denunciado no es un acto aislado, sino que dicho comportamiento es habitual y continuo». «Este proceder ha dado lugar a múltiples quejas y descontentos por parte de las mujeres víctimas debido al sentimiento de malestar generado por la revictimización de la que son objeto», añade.
Según explica, «esta situación es también conocida por el resto de las operadoras jurídicas y el resto de operadores públicos y privados relacionados con el Juzgado».
«Es tal la insostenible situación que se ha generado una cultura de miedo a lo que le pueda suceder a la mujer víctima en el mencionado Juzgado y cómo pueda influir su experiencia negativa en su proceso de recuperación. Igualmente, mujeres que sufren nuevas agresiones, tras haber interpuesto denuncia en el pasado, se ven desincentivadas a la hora de denunciar otra vez», asevera.
Ruiz señala que, desde la reciente toma de posesión de la magistrada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria, «ésta ha llevado a cabo múltiples faltas de consideración debidas a profesionales y ciudadanas y ciudadanos, tanto denunciantes como denunciados, en el desempeño de sus funciones, que resulta especialmente grave» en el caso del desempeño de su cargo.
«Esta denuncia se presenta como última solución posible, puesto que se ha intentado solventar esta gravísima situación de todas las maneras extrajudiciales y amistosas que se han podido articular, habiéndose agotado todos los medios desplegados para evitar este evidente penoso recurso», añade.
Por ello, subraya que «la única respuesta posible» que observa es la que la de que «se aparte, o como mínimo, se suspenda» a la juez «para garantizar el correcto desempeño de sus funciones por aquellas que ostentan la potestad jurisdiccional». EP.
