Los expedientes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán (EP)
Chaves y Griñán declaran como investigados por el caso ERE
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16/3/2016 06:15
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Actualizado: 16/3/2016 07:19
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Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán están llamados a declarar como investigados dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En una providencia fechada el pasado día 4 de marzo el magistrado Álvaro Martín, que instruye las seis primeras piezas en que se ha dividido el caso ERE, citó a declarar este miércoles día 16 de marzo a los dos expresidentes de la Junta y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, todos los cuales ya comparecieron ante el Tribunal Supremo cuando eran aforados.
Chaves y Griñán declararon en abril del 2015 ante el Tribunal Supremo cuando eran parlamentarios y aforados, y tras perder esa condición han sido citados por el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, dentro de la pieza de los ERE denominada del procedimiento específico, que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis y que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según dijo la magistrada que abrió el caso, Mercedes Alaya.
El juez atiende así la petición realizada por el Ministerio Público el pasado día 26 de enero al considerar «necesario» que sean oídas en calidad de investigadas «aquellas personas que hasta el dictado» del auto de 17 de noviembre de 2015 donde la juez María Núñez Bolaños abrió esta pieza separada «no habían sido oídas» en el seno del caso ERE.
DERECHO DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LAS PARTES
Y todo ello, según expone el juez en esta providencia, «conforme el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para garantizar suficientemente como ya se ha expuesto anteriormente su derecho de defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso».
El abogado de Griñán, José María Mohedano, presentó un escrito antes de conocer su citación en la que pedía al juez que no lo llamara a declarar al entender que ello «no garantiza ni el derecho de defensa ni el de igualdad, solo garantiza el paseíllo», ya que su «derecho a ser oído por su juez natural ya quedó más que suficientemente colmado con la declaración» prestada en el Supremo el 16 de abril de 2015. Griñán contestó a 119 preguntas, pero no lo hizo con las que formularon el PP y Manos Limpias, cosa que tampoco está previsto que haga.
«A lo único que conduciría su nueva citación es a un nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el del famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme a mi representado y a otros muchos investigados antes de la celebración del juicio oral», expone el letrado.
Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez Núñez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.
Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), instancias judiciales que devolvieron la causa al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de que los ahora citados a declarar perdieran dicha condición de aforados como diputados o senadores.
PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA
El 25 de junio de 2015 el Tribunal Supremo acordó proceder contra ambos al estimar que existían indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.
Ya en octubre de 2015, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se declaró incompetente para seguir investigando la causa por los ERE fraudulentos en Andalucía referida a la implicación de Chaves, Griñán, Viera y Zarrías y remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La decisión se adoptó tras recibirse comunicación del Congreso de los Diputados sobre la renuncia al escaño del exconsejero José Antonio Viera, lo que dejaba la causa sin aforados ya que anteriormente habían dejado de ser parlamentarios tanto Griñán como Chaves y el cuarto investigado, el exconsejero Gaspar Zarrías.
Tras comparecer en el Supremo el 14 de abril de 2015, Chaves fue tajante cuanto atendió a los medios de comunicación allí congregados: «Durante el tiempo en el que yo he sido presidente de la Junta, los 19 años, nunca jamás se ha adoptado ninguna decisión ilegal, nunca, ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», dijo.
Por su parte, José Antonio Griñán manifestó al término de su declaración en el Supremo que no hubo «un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude» y eso significa que «alguno de los controles pudo fallar». (CONFILEGAL/EP)
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