La oposición ha pedido al Gobierno que suspenda parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para evitar el sobreseimiento de las causas declaradas de especial complejidad al establecerse plazos para la instrucción de seis o 18 meses, lo que que puede suponer un «borrón y cuenta nueva» en los casos de corrupción que afectan «sobre todo» al PP.
La Comisión de Justicia ha dado luz verde este martes a una proposición no de ley presentada por Podemos y, posteriormente, ampliada por una enmienda de Ciudadanos, que pide la suspensión del artículo 324 de la Lecrim «sin perjuicio de iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación o modificación».
«El gran riesgo de esta reforma es la impunidad», ha sostenido la portavoz de Justicia de Podemos, Victoria Rosell, censurando la «berlusconización del Estado». Rosell ha sostenido en su exposición que «a nivel constitucional y orgánico hay que decir que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva a proceso sin delaciones indebidas, que reconocen tanto el artículo 24.2 de la Constitución como el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no pueden ni deben ser garantizados mediante una reforma legal que ignora las exigencias del artículo 9.3 de la propia Constitución«.
Rosal también ha recordado que «seis asociaciones de jueces y fiscales pidieron su suspensión antes de que se consumara este despropósito».
Por su parte, Rodrigo Gómez, de Ciudadanos ha indicado que «Acortar los plazos de investigación sin dotar de más medios es una auténtica quimera». «Está claro que muchos casos de corrupción que afectan sobre todo al PP quedarán impune porque es imposible cumplir plazos», ha añadido.
El resto de grupos parlamentarios ha subrayado la «vulneración del derecho a un juicio justo», abogando por la suspensión inmediata del artículo 324 y dar paso a un nuevo acuerdo que ponga final a una norma calificada por «ignominia» por parte de la diputada del PSOE Soraya Rodríguez.
El PP ha votado en contra de esta proposición no de ley aludiendo a la necesidad de «evitar dilaciones y la llamada pena de banquillo» en unos procesos judiciales que, según el diputado Mateo Isern, tiene que salvaguardar la presunción de inocencia. «La ley establece plazos realistas con la flexibilidad de las prórrogas ordinarias o excepcionales», ha añadido.
CIRCULAR DE LA FISCALÍA
El texto aprobado recuerda la circular de la Fiscalía General del Estado de 2015 en la que se advierte que los plazos máximos de fase de instrucción «plantea zonas de penumbra». También señala que seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor de la Lecrim, calificando públicamente esta reforma como «ley de punto final».
Podemos reconoce el buen propósito del legislador para tratar de no dilatar la instrucción de los casos judiciales, pero apunta que «el efecto que se consigue es otro al aplicarse la ley en el mundo real». (CONFILEGAL/EP)
