La Audiencia Nacional ha rebajado a 25,6 millones de euros la fianza impuesta a Banco Sabadell como responsable subsidiario de los delitos societarios imputados a la cúpula de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), tras subsanar un error por el que se solicitaban 1.592 millones.
De esta forma, la Audiencia Nacional estima el recurso presentado ayer por la entidad financiera y corrige la cifra inicialmente establecida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3, Carmen Lamela, que imponía una fianza millonaria por responsabilidad civil subsidiaria.
El escrito conocido hoy también modifica la fianza al ex director de Información Financiera Salvador Ochoa, que queda ahora fijada en 387,1 millones, al no ejercer el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acusación contra él.
Todos ellos se sentarán en el banquillo después de que la jueza Lamela decretase la apertura de un juicio en el que los acusados se enfrentan a penas de hasta 16 años de prisión.
Además de al Banco Sabadell, que adquirió la entidad en diciembre de 2011 por el simbólico precio de un euro, la jueza había señalado a la Fundación CAM como responsables civil subsidiario, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.
Los acusados son, además de Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
Todos están acusados de estafa continuada agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil entre 2010 y 2011, aunque tanto el Fiscal como el resto de acusaciones añaden otros delitos en función del papel desempeñado por cada uno de ellos.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
