Los portavoces de Justicia califican de «presidencialista» el actual modelo de CGPJ

Los portavoces de Justicia califican de «presidencialista» el actual modelo de CGPJ

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14/4/2016 10:50
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Actualizado: 16/11/2017 17:20
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Los portavoces de Justicia de los principales partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ha reclamado hoy al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, que se abra un debate sobre el actual modelo de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para mejorar la percepción de independencia judicial, y el ministro ha recogido el guante y ha asegurado que «estamos dispuestos a hablar sobre el sistema de elección de los vocales» .

Rafael Catalá se ha comprometido ante los portavoces de Justicia en el Congreso de PSOE (Juan Carlos Campo), Podemos (Victoria Rosell) y Ciudadanos (José Manuel Villegas) de abrir un debate sobre la última reforma del Gobierno del PP que, según estos grupos, ha limitado el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces por su marcado «presidencialismo».

Así lo ha declarado en el evento, organizado por Europa Press y Wolters Kluwer en el Hotel Intercontinental, ‘La Justicia a debate’.

Eso sí, el ministro Rafael Catalá ha defendido en su primer turno de palabra que «ya tenemos» una Justicia independiente sin «contaminación política». Y por ello, ha apelado a los representantes de las distintas formaciones políticas «a  hablar bien del sistema». Sin embargo, mostrado su «plena disposición» para en esta Legislatura revisar la composición del CGPJ que preside Carlos Lesmes.

«La Justicia va mal, es lenta y cara», ha defendido Campo, exvocal del CGPJ, que ha rechazado que la llamada al consenso se base en seguir planteando «políticas incrementalistas» de más jueces. Campo ha defendido la labor del Consejo, porque «garantiza la independencia de los jueces», ese es el  «el sentido que quisieron darle los padres de la Constitución».  Pero ha exigido cambiar la «Ley Orgánica del Poder Judicial que ha transformado el Consejo General del Poder Judicial en un órgano totalmente presidencialista”. También ha reclamado al CGPJ «que actúe más de oficio cuando algún juez es atacado».

Victoria Rosell, de Podemos, ha asegurado que hace falta una «revolución» en la administración de Justicia para abordar, entre otros temas, que el Poder Judicial deje de ser un órgano «presidencialista» para reforzar su independencia. Y ha recordado, en este sentido que «la independencia judicial es un derecho de los ciudadanos, no un privilegio de los jueces».

Además, Rosell ha recordado que «1500 jueces firmaron un manifiesto por la independencia judicial».

Rosell, ha insistido en que se han probado muchos sistemas de elección de los vocales y citado a Manuel Azaña ha dicho que «los españoles pensamos soluciones razonables cuando hemos probado todo», hay que hacerlo.

Para José Manuel Villegas (C’s), «es fundamental que exista una separación real de poderes» y, en este sentido, ha recordado que «los jueces no son todos sospechosos de ser unos facistas, ya no estamos en los años 70».

Los cuatro asistentes han aceptado que la percepción social es que falta  independencia judicial, aunque Catalá se ha esforzado en defender el actual sistema. «Hay un camino muy peligroso en España que es la deslegitimación de las instituciones que conduce a los totalitarismo», ha dicho el ministro, que ha rechazado la visión deslizada por la diputada de Podemos -partidaria de abrir a la participación ciudadana la elección del Poder Judicial- de que los jueces pueden dictar resoluciones presionados por el poder Ejecutivo.

Juan Carlos Campo junto a Rafael Catalá. Confilegal

Juan Carlos Campo junto a Rafael Catalá. Confilegal

AFORAMIENTOS

Rafael Catalá es partidario de limitar los aforamientos y ha recordado que el Ejecutivo ya ha realizado alguna propuesta en ese sentido.

Por su parte, José Manuel Villegas ha recordado que la ciudadanía cuestiona los aforamientos por ser una figura a la que se acogen los políticos para ver sus causas en tribunales donde existe una responsabilidad previa en el nombramiento de jueces. Por ello, su formación es partidaria de «la eliminación de los aforamientos de los políticos».

El portavoz socialista, Juan Carlos Campo, ha cuestionado el debate sobre limitar los aforamientos al entender que no preocupa a los ciudadanos. «Cuando me investigue un fiscal, que el juez sea mi garantía», ha dicho Campo a modo de resumen al tiempo que abogaba por «simplificar un debate inflado». «El fiscal es uno, que todo se haga de acuerdo al fiscal y que decaiga el juego de tribunales», ha insistido.

Asimismo, la portavoz de Podemos, ha defendido el aforamiento de jueces y fiscales, asegurando que «el aforamiento de jueces y fiscales es una garantía para los ciudadanos».

CORRUPCIÓN

La corrupción ha sido otro de los asuntos que se han abordado en La Justicia a debate’. Aquí el ministro en funciones ha querido dejar claro que «cuando los ciudadanos perciben algo como un problema es porque lo es» y así lo demuestran las encuestas.

Juan Carlos Campo ha insistido en que «tenemos que acabar con la corrupción», porque «la corrupción rompe nuestro sistema de convivencia».

Rosell ha mantenido que «es necesario que la corrupción llegue a los juzgados», pero ha recordado también que «los jueces siempre perseguimos con carretas de bueyes los Ferraris de la corrupción».

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Victoria Rosell (Podemos) junto a José Manuel Villegas (Ciudadanos). Confilegal

PUERTAS GIRATORIAS

La diputada de Podemos y juez en excedencia, Rosell, se ha quejado de la falta de seguridad jurídica por cuestiones como la desconexión entre juzgados y la Fiscalía. «Te puedes estar jugando los derechos y la libertad», ha planteado antes de lamentar que el ciudadano no tenga acceso a requerimientos judiciales que le afectan personalmente.

Catalá se ha detenido sobre este tema, primero para insistir en la independencia de poderes, y segundo para cuestionar la «vinculación» entre la carrera judicial y la política. «Volver al día siguiente no es buena solución», ha dicho sobre las llamadas puertas giratorias. Campo, juez en excedencia, se ha sentido aludido: «El ministro parece ahora muy preocupado de que los jueces entremos en política», ha comentado para denunciar la «incoherencia» de este planteamiento.

LEXNET

El ministro de Justicia ha lamentado que gran parte de las intervenciones de sus compañeros de debate se «hayan centrado sobre una aplicación informática» y ha señalado que «había que poner en marcha Lexnet porque ya estaba allí». Sin embargo, Catalá ha reconocido que «cualquier cambio de cultura implica un proceso de adaptación». «Ha habido fallos que se están corrigiendo», y en este sentido a puesto el ejemplo de la Comunidad de Madrid.

Los más críticos con Lexnet han sido los representantes de PSOE y Podemos, los dos jueces, que han subrayado las «carencias del sistema», «la falta de previsión» y «la necesidad de dotación económica para su implementación».

Campo ha reclamado hoy “una verdadera revolución del sistema judicial” que implique reformas normativas, organizativas y tecnológicas “para construir, desde la vuelta al consenso, una justicia ágil y moderna”.

Kluwer

De izquierda a derecha Vicente Sánchez, consejero delegado de Wolters Kluwer para España y Portugal; Juan Carlos Campo (PSOE); Rosalina Díaz (presidenta de Wolters Kluwer); Rafael Catalá (ministro de Justicia); Victoria Rosell (Podemos) y José Manuel Villegas (C´s)

GRAN REPRESENTACIÓN DEL MUNDO JUDICIAL

Este acto ha contado con la asistencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal; Mar Cabrejas, Gerardo Martínez Tristan, Pilar Supúlveda, Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Vicente Guillarte (todos ellos vocales del CGPJ), el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Vieira; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska; junto a diputados, senadores, magistrados y otros profesionales del ámbito de la Justicia, como los jueces Eloy Velasco, Enrique López o Ricardo Bodas.

El ministro estuvo arropado en este acto con todo su equipo, encabezado por la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde.

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