El sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha hecho público un duro comunicado exigiendo a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que rectifique la nota de prensa que hizo pública, el pasado 14 de abril, la institución que dirige criticando el uso de “medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales” como la relativa a la detención y el registro en la casa del alcalde de Granada José Torres Hurtado, investigado por supuesta corrupción, que se produjo el pasado 13 de abril; en total fueron detenidas -y puestas en libertad a continuación- 17 personas.
En caso de no rectificar, la fiscal general del Estado, afirma la UFP, «debe ser cesada de inmediato».
«¿Qué conocimiento de los hechos tiene la Fiscal General del Estado, cuando el mismo se encuentra bajo secreto para hacer las afirmaciones que hace? ¿Por qué razón, en este asunto, se pronuncia la Fiscalía General, por tratarse de detenciones de políticos? Más le valiera a la Fiscalía General apoyar más las actuaciones policiales e impartir instrucciones para que la labor que desarrollan los fiscales se fije más en el apoyo a las víctimas y no en la defensa del presunto delincuente», dice el sindicato en su comunicado.
De acuerdo con la UFP, que sale a defender abiertamente el trabajo del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, criticados por la Fiscalía General del Estado en su nota de prensa, «las detenciones se practicaron en el marco de las Diligencias 301/2016 del Juzgado de Instrucción no 2 de Granada, iniciadas tras una querella de la fiscalía en relación con diversas licitaciones y concesiones administrativas, acumuladas como pieza separada 301.01/2016, del Juzgado de Instrucción no 6, incoadas como consecuencia de otra querella de la fiscalía por la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y caudales públicos».
«Estamos por tanto en presencia de un asunto que parte de sendas querellas de la fiscalía y que, por lo tanto, cuentan con amparo judicial. La fiscalía informa favorablemente la práctica de todas las diligencias que habían solicitado los investigadores, excepto la relativa a la detención y registro del domicilio».
Y el sindicato añade: «Pero también es cierto que el Juez de Instrucción el que autoriza la práctica de ambas diligencias. O, ¿alguien se cree tan ingenuo que la policía va a practicar un registro domiciliario sin la preceptiva autorización judicial sin que a esta hora hubiera varios policías procesados?».
