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Las asociaciones de jueces afirman que eliminar las frases en latín no es el problema más grave de la Justicia española

Palabras en latín con el techo de la llamada Rotonda del Tribunal Surpemo de fondo. Confilegal.
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Las cuatro asociaciones de jueces no creen que eliminar las frases en latín de sentencias y autos sea el problema más importante, ni más grave, que tiene la justicia española hoy día y ponen en tela de juicio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda entrar en la motivación de esos textos legales porque no tiene competencias para ello.

La coincidencia no puede ser mayor. Celso Rodríguez Padrón, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Raimundo Prado, de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia (JpD) y Conrado Gallardo, de Foro Judicial Independiente (FJI) opinan que, a los hombres y mujeres que administran justicia diariamente en España, se les pueden hacer sugerencias de estilo para cuando escriban, pero no si deben o no incluir frases en latín en sus sentencias y autos.

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«El lenguaje jurídico es un lenguaje técnico que define conceptos complejos. La motivación, la explicación del contenido en cada sentencia y auto, tiene como fin que se comprenda comprenda cómo el juez ha llegado a esa conclusión. Tiene que hacerse en un lenguaje que se pueda entender sin perder el rigor técnico», explica Rodríguez Padrón.

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«Las frases en latín forman parte de la tradición jurídica española, que nos viene del Derecho Romano, y no hay ningún artículo en la Ley Orgánica del Poder Judicial que diga que no se puedan utilizar. Hoy por hoy la fuerza normativa de la LOPJ es mucho mayor que cualquier acuerdo que tome Cumbre Judicial Iberoamericana. Otra cosa es que podamos debatir sobre las formas de avanzar en la claridad lenguaje jurídico, con protocolos de buenas prácticas; pero insisto, este no es, en absoluto, un problema grave para nuestra justicia», añade.

Raimundo Prado, de AJFV, ve este asunto como «un brindis al sol que no va a tener ningún efecto».

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«Es una manera de decirle al ciudadano que la justicia va a ser más clara, más transparente. Pero hay muchas interlocuciones que es imposible cambiarlas porque proceden del Derecho Romano. ¿Qué va a ocurrir si en una sentencia se utilizan términos latinos? ¿Por eso se va a anular la sentencia? ¿O se va a poner una sanción al juez por utilizarlo? De verdad que hay problemas más graves que resolver que esto de las frases en latín», cuenta.

CUATRO PORTAVOCES ASOCIACIONES JUECES

El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, por su parte, opina que, como criterio general, los jueces deben utilizar un lenguaje claro y accesible. «Pero pretender que suprimamos todo tipo de expresiones en latín que no siempre sean comprensibles sería eliminar el lenguaje jurídico que, por su naturaleza, tiene cierta complejidad técnica. Y es evidente que, por muy claro que seamos los jueces, personas que no están formadas en derecho no van a poder entender muchas de nuestras resoluciones aunque no utilicemos el latín», agrega.

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«Está muy bien conectar, lingüísticamente con el justiciable, pero no a costa de prescindir de principios básicos de lo que es el lenguaje jurídico. El acuerdo de Cumbre hay que tomarlo como una orientación en esta línea, a la hora de escribir, sin que sea posible prescindir de esas expresiones», afirma Bosch.

El representante de FJI, Conrado Gallardo, finalmente, no le concede al mencionado acuerdo mucha relevancia porque «el uso de las frases en latín en sentencias y autos es una costumbre que está cayendo hoy en desuso en España. En las sentencias que yo leo, tanto procedentes del Tribunal Supremo como de otras Audiencias Provinciales, no suelo encontrar citas en latín, lo cual no las hace más inteligibles. Las cosas como son».

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«Por mi experiencia en Iberoamérica, es posible que se haya aprobado este acuerdo porque allí son más barrocos, porque hay más costumbre en citar frases en latín y lo han visto como una necesidad para ellos», continúa explicando Gallardo. «Las sentencias deberían ser más breves y menos farragosas, eso sí. Pero tengamos las cosas claras: a los ciudadanos lo que de verdad les importa es si les damos la razón o no. No si utilizamos una frase de más o de menos en latín en nuestras sentencias», concluye.

La decisión de eliminar las frases en latín de los autos y sentencias fue tomada en el curso de la XVIII Asamblea de Cumbre Judicial Iberoamericana, organización que reúne a los 23 poderes judiciales de la América de habla hispana y portuguesa, además de Portugal, Andorra y España.

La mencionada Asamblea tuvo lugar entre el 13 y el 15 de abril en Asunción, Paraguay, y a la misma asistieron el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y el vocal Juan Martínez Moya.

Las cuatro asociaciones de jueces citadas suscribieron el pasado 11 de abril un acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para promover un Pacto de Estado por la Justicia; entre los objetivos no figuraba eliminar las frases en latín de los textos legales. No se consideró una prioridad.

 

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