Hace once años que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó al fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, demoler su chalet, parcialmente construido en zona prohibida. Una sentencia posterior del TSJCLM, de 2019, ratificó la orden, pero la CHT no ha hecho nada. Foto: Confilegal.
Un informe de Ecologistas en Acción señala la «ilegalidad» de la construcción del chalet del fiscal jefe de Talavera
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18/4/2016 05:58
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Actualizado: 19/4/2016 06:47
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Ecologistas en Acción ha elaborado un informe sobre el chalet del fiscal jefe de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, cuya construcción ha denunciado ante los Juzgados de esa ciudad, la Fiscalía General del Estado y el Congreso de los Diputados en el que afirma que «nunca debió construirse y no debería ser objeto de autorización ni regularización alguna».
El informe, suscrito por Erika González Briz, coordinadora del Área de Aguas de Ecologistas en Acción, bióloga, miembro del Consejo Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y autora de un gran número de informes, alegaciones, propuestas y denuncias en materia de aguas, legislación y política hidrológica, dice que el chalet «se encuentra en una zona de grave peligro de avenidas e inundaciones, máxime cuando se ubica en las inmediaciones y bajo un muro de contención de una balsa de agua».
Imagen del informe elaborado sobre el chalet del fiscal jefe de Talavera, que se puede descargar al pie de esta noticia.
Según Ecologistas en Acción, el informe pretende confirmar o clarificar los hechos denunciados ante el Ayuntamiento de Pepino, localidad cercana a Talavera de la Reina -donde está construido el chalet-, y ante la Confederación Hidrográfica del Tajo.
También para acompañar al recurso que próximamente presentará la organización ecologista contra la inadmisión a trámite de la ampliación de la querella en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Talavera, del que es titular José María Ortiz Aguirre.
De acuerdo con el mismo, el chalet ocupa 466 metros cuadrados de los 871 que tiene la parcela 237 de la Urbanización el Gran Chaparral Fase 2. Y está construido sobre «el margen izquierdo del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y a una distancia no superior a los 3 metros del citado margen».
Ecologistas en Acción, que cita la Ley de Aguas, recuerda que constituyen «el dominio público hidráulico, entre otros bienes los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos».
Delimitación de los principales espacios fluviales establecidos en la normativa de aguas. Fuente Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
A estos efectos, la citada ley establece una llamada «zona de servidumbre» de 5 metros, a cada lado del cauce, y una «zona de policía», de 100 metros -que comprende también los 5 metros citados- sobre las mismas zonas, en las que «está taxativamente prohibido construir«. En esas zonas fue construido el chalet.
Localización de la vivienda, indicada con una flecha de color rojo) y de la balsa que retiene aguas procedentes del arroyo de la Fuente o Berrenchín. Fuente Google Maps.
«Por su ubicación, la vivienda de la parcela 237 de la segunda fase de la Urbanización El Gran Chaparral se encuentra parcialmente sobre la zona de servidumbre del dominio público, hidráulico del arroyo de la Fuente o del Berrenchín y plenamente tanto dentro de la zona de policía como de la de riesgo de inundación«.
LA FISCALÍA ESTÁ INVESTIGANDO
El pasado 18 de marzo, esta organización ecologista presentó un escrito ante el Congreso de los Diputados solicitando la creación una Comisión de Investigación para que indagara las irregularidades de tres casos de supuesta corrupción, relacionados con el medio ambiente en el partido judicial de Talavera de la Reina, Toledo, y cuyas investigaciones, afirmaban, se encontraban paralizadas. Son conocidos como “caso Serra”, “caso Talavera” y “caso Golf”.
De la misma forma, los hechos se pusieron los hechos en conocimiento los mismos hechos ante la Fiscalía General del Estado.
El caso del chalet es el conocido como «caso Talavera», que fue denunciado públicamente y ante la Fiscalía, el pasado mes de julio, por el juez decano de Talavera, Fernando Presencia, actualmente suspendido de sus funciones.
En un escrito firmado por José Luis Bueren Roncero, fiscal de Sala de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Ecologistas en Acción fue informada de que el caso se había pasado a la Unidad de Quejas para su investigación. Se encuentra, por lo tanto, en esa fase del proceso.
El Congreso de los Diputados, al que también se dirigió Ecologistas en Acción solicitando la creación de una Comisión de Investigación sobre la posible corrupción en el partido judicial de Talavera de la Reina, comunicó a la organización ecologista que los únicos legitimados para crear una comisión de investigación sobre la corrupción en Talavera son los grupos parlamentarios, a los que se les habían pasado toda la la documentación.
INFORME DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:
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