Ausbanc movió más de 7,1 millones de euros en los últimos cinco años, según las investigaciones que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está llevando a cabo sobre la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios.
De acuerdo con el juez, Ausbanc ha recibido ayudas públicas de una cuantía «considerable». Por ello, ha ordenado que se analicen las condiciones específicas de las convocatorias y la documentación que la entidad facilitó para acceder y lograr obtener las mismas.
«A la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas», señala el juez en el auto por el que envió el pasado lunes a prisión al presidente de la asociación, Luis Pineda.
Entre ellas, destaca que Ausbanc Empresas recibió 309.774,96 euros por parte de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, según consta en la Orden 1494/2004, de 25 de marzo, relacionada con la orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.
«Se desconoce si, en el momento de la subvención, estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían por no ser ese el fin principal de la asociación», añade.
El juez explica en las subvenciones examinadas en la investigación se exigía como condición «ineludible» el no tener ánimo de lucro en sus actividades.
«Lo que no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de las sociedades investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc».
Asimismo, no llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria -10.000 en el caso de las subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Consumo-, ya que «ese número de socios no parece posible vista la cantidad económica» declarada en las cuentas anuales respecto a sus aportaciones.
Pedraz investiga al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Atribuye estos tres últimos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien también se encuentra en prisión desde el pasado 18 de abril por la operación ‘Nelson’.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias. EP.
