El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, han presentado a la Audiencia Nacional sendos recursos en los que piden su inmediata puesta en libertad, en el marco de la causa en la que se les investiga por extorsionar a entidades financieras a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales.
La defensa de Miguel Bernad ha alegado que no concurre riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en el caso de su cliente, al tiempo que ha esgrimido la doctrina que el Tribunal Supremo que establece que la prisión provisional es una medida de carácter excepcional que no debe decretarse ante «meras» sospechas, según las fuentes consultadas.
El responsable de Ausbanc ha recurrido también la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que decretó el pasado 18 de abril su ingreso en prisión incondicional ante el temor de que huyan, al disponer de «infraestructura empresarial y capital económico en el extranjero» que les permitiría, a su juicio, emprender una vida fuera de España.
OPERACIÓN NELSON
El juez Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la «cobertura» de la defensa de los consumidores para «coaccionar» a entidades bancarias, alcanzar «acuerdos económicos enmascarados» en contratos publicitarios y conseguir un beneficio «personal» utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El juez dejó en libertad la pasada semana al responsable de comunicación de Manos Limpias Javier Castro Villacañas Pérez, el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay y el tesorero de Ausbanc Alfonso Solé, a quienes impuso comparecencias quincenales en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de «convenios publicitarios» así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto, en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua. (EP)
