La jueza que investiga el ático que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, tenían arrendado en Estepona (Málaga) y que, posteriormente, pasó a ser suyo, ha acordado nuevas investigaciones para determinar el origen de la sociedad que estaba detrás de la propiedad del piso. Para ello ha ordenado librar una nueva comisión rogatoria a Estados Unidos para recabar información.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se determina el nombre de la empresa que forma Coast Investors, que era propietaria del piso y que se lo vendió a González en diciembre de 2012. Al respecto, se reclama información sobre los socios, directores y beneficiarios de esa sociedad matriz, radicada en Delaware, así como cuentas bancarias y activos patrimoniales, ampliando la petición a otra firma predecesora.
Pero, la instructora acuerda, también, mantener la comisión rogatoria ya remitida a las autoridades de Panamá sobre otras dos empresas con nombres parecidos, toda vez que una de ellas, según ha venido señalando una de las acusaciones particulares personadas, «puede tener vínculos con otras sociedades de la trama Gürtel«.
En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero pagaron un alquiler mensual, que luego se rebajó; y posteriormente, en diciembre de 2012, el matrimonio lo adquirió por 770.000 euros.
OTRAS DILIGENCIAS
En una providencia, la jueza acuerda algunas diligencias solicitadas por la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña, como pedir a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, para que «certifique las entradas y salidas de Rudy Valner», representante de Coast Investors.
En concreto, se insta a que se precisen las entradas y salidas de Valner desde enero de 2007 a febrero de 2013. No cree necesario por el momento tomarle declaración como investigado –lo hizo como testigo–.
González declaró que él y su mujer entraron en contacto con el propietario del piso por un anuncio en un periódico y estuvieron en comunicación por teléfono, sin saber que había una sociedad detrás del piso hasta el momento de la firma del contrato de compraventa. Señaló que no conoció a Valner hasta ese momento, añadiendo que éste se comportaba «a todos los efectos como propietario de la vivienda».
Respecto a la investigación patrimonial, la instructora desestima el recurso de reforma presentado por la defensa de González y su mujer contra el inicio de dichas pesquisas, al considerar que sirven para «averiguar la capacidad económica» y cómo se produjo el alquiler y posterior compra. Añade que los oficios remitidos a las entidades bancarias están «circunscritos al periodo al que se refieren los hechos investigados».
Además, considera que estas investigaciones patrimoniales, ya en marcha, deben seguir. De hecho, da cuenta de oficios remitidos por dos entidades bancarias. En una no constan cuentas a nombre de González ni de su mujer, mientras que en otra sí se concretan los contratos y movimientos a nombre de Cavero.
Sobre Coast o Rudy Valner, uno de estos bancos concreta dos transferencias, como entidad intermediaria, ordenadas por uno u otro desde un banco de Portland por valor de 650.000 euros y 100.000 euros.
Por otro lado, la jueza pide a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para que remita el expediente completo que obre en sus archivos «relativo a las indagaciones, gestiones o investigaciones relativas a Ignacio González y al ático», incluidas todas las notas de trabajo y de gestiones; acordando, además, que se tome declaración como testigos a dos responsables policiales que inicialmente investigaron.
Asimismo, la jueza remite a la Guardia Civil un documento del comisario José Manuel Villarejo, en el que señala que la grabación de un encuentro con González se realizó «de forma continua y sin interrupciones, al menos, de manera voluntaria», negando, igualmente, que se realizara algún tipo de conversión, corte o eliminación de tramos de voz. (EP)
